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BUENOS AIRES, 24 de noviembre (Quadratín México).- El gobierno argentino iniciará el próximo lunes acciones para impugnar el fallo de un juez de Estados Unidos que intimó al país a pagar mil 330 millones de dólares a los fondos “buitre” (especuladores) de la deuda externa.
De esta manera, la administración de la presidenta Cristina Fernández comenzará una serie de acciones legales para evitar acatar el dictamen del juez estadunidense Thomas Griessa, quien ordenó pagar en efectivo a los acreedores a más tardar el 15 de diciembre.
La primera medida del gobierno será la de pedir una revisión del fallo de Griessa ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, órgano que debe resolver la cuestión de fondo, que es pagar o no a los fondos “buitre”.
Fuentes del oficialismo reconocieron que confían en que la Cámara rechace antes del 15 de diciembre la orden de Griessa, pero en caso de avalarla, Argentina recurrirá entonces de manera directa a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
La estrategia también contempla demandas en organismos internacionales y solicitudes de apoyo por parte de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y del Mercado Común del Sur (Mercosur).
Los fondos “buitre” son llamados así porque están conformados por empresas o particulares que compran bonos de deuda externa de países en bancarrota, para luego revenderlos o cobrarlos con ganancias millonarias.
En el caso de Argentina, el gobierno realizó desde 2005 y en dos tramos un exitoso canje de la deuda, ya que el 93 por ciento de sus acreedores aceptó una quita del 75 por ciento.
El problema es que el 7.0 por ciento de los bonistas restantes, que son los fondos “buitre” con domicilios en paraísos fiscales, rechazó adherirse al canje y desde entonces le exige a Argentina el pago total de la deuda, sin ningún tipo de rebaja.
La presidenta ya anticipó que Argentina no reabrirá ningún tipo de canje para estos acreedores y mucho menos les pagará como ordenó el juez Griessa, quien emitió su polémico fallo pese a que la propia Reserva Federal de Estados Unidos defendió al país sudamericano.
Mientras no se resuelva esta situación, Argentina quedará al borde de una moratoria y continuará sin poder acceder a financiamiento internacional, como ocurre desde el año 2001, cuando estalló una de las crisis económicas más graves de su historia.
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