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CIUDAD DE MÉXICO, 1 de diciembre de 2017.- La Comisión de Transparencia y Anticorrupción aprobó un dictamen que reforma la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para que la Sección Instructora en la Cámara de Diputados, encargada de dar cauce a las solicitudes de desafuero a funcionarios, la conformen cinco integrantes y no cuatro, como actualmente está integrada.
La reforma al artículo 11 de dicha norma busca ampliar el número de integrantes de esta sección, así como la de Enjuiciamiento en el Senado de la República, que también cuenta con cuatro.
Esta modificación se da luego de que en los últimos procesos de desafuero que ha analizado la sección instructora, ha prevalecido el empate entre sus integrantes, lo que ha provocado que casos como el de los ex colaboradores de Javier Duarte, Antonio Tarek Abdala y Jorge Silva Ramos, actualmente diputados federales, se desechen.
El documento avalado por la Comisión subraya que, el problema de los procedimientos de responsabilidad administrativa y política en la Cámara de Diputados, dependen tanto del tamiz primario que representa la Subcomisión de Examen Previo, como de que la Sección Instructora tenga una conformación que le permita alcanzar una mayoría en la toma de una decisión.
El dictamen refiere que la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos señala que la Sección Instructora debe practicar las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho, estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido el servidor público denunciado en el juicio político.
Además, debe realizar las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita en el caso de la declaración de procedencia y -concluida esta averiguación-, dictaminar si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado.
En ambos casos, añade, la Sección Instructora procede después de que las acusaciones pasan por un primer filtro: el de la Subcomisión de Examen Previo que es la que establece los antecedentes de la acusación para determinar si el caso amerita la investigación e instrucción.
La comisión también aprobó un punto de acuerdo para exhortar al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, a publicar el avance de las investigaciones en relación con las diversas denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Educación Pública y diputados, derivadas de auditorías forenses practicadas a distintas dependencias federales, universidades públicas y el Programa Opciones Productivas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social mencionadas en la investigación periodística “La Estafa Maestra”.