Sedena no defenderá a militares involucrados en secuestro en Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de julio de 2019.- Con relación a la detención por autoridades de la Fiscalía General de los Estados de Guerrero y México, de 3 elementos militares pertenecientes a la Policía Militar, durante la liberación de un menor que se encontraba secuestrado en la población de Huehuetoca, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que tuvo conocimiento y participó desde el inicio de las investigaciones.

Ello, coadyuvando con las autoridades civiles antes señaladas, con el fin de lograr la identificación y captura del personal militar presuntamente involucrado.

Destacó que continuará apoyando las diligencias que realicen las autoridades competentes, aportando los elementos necesarios para el total esclarecimiento de los hechos y la detención de todos los involucrados, a fin de que se determinen las responsabilidades legales de los delitos que les resulten.

«Bajo ninguna circunstancia, tolerará acciones contrarias a la disciplina y al derecho, pero principalmente aquellas que atenten en contra de los ciudadanos del país, ni fallará al compromiso adquirido con todo el pueblo de México, de garantizar los objetivos de paz y seguridad establecidos en la estrategia del Gobierno de México», remató.

La víctima es Ernesto Pérez Arellano, hijo de la regidora de Morena en Petatlán, Zulma Arellano Olivar y privado de su libertad desde el 18 de junio en la comunidad La Molonga.

Sin registro de ellos en Guardia Nacional

Y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que realizó una búsqueda exhaustiva en el registro del personal de la Guardia Nacional y no se localizó registro alguno con los nombres de los tres detenidos. «Es inadmisible imputarle responsabilidades que no tiene».

Destacó que los imputados deben responder por sus actos y enfrentar el proceso judicial.

«La Guardia Nacional es una corporación de reciente creación con integrantes sujetos a estrictos estándares de evaluación y control de confianza, que cumplan con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos en todo su ámbito de competencia.

«La prioridad de la Guardia Nacional es la construcción de paz y justicia en todo el país, con la garantía de respeto a los derechos humanos de todas y todos», detalló.