
Impulsa MC lactarios en administración pública y órganos desconcentrados
CIUDAD DE MÉXICO, 16 de octubre de 2018.- A menos de mes y medio de dejar su responsabilidad como encargado de la política interior del país, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, reconoció el fracaso del Gobierno federal en materia de seguridad pública que, a pesar de una inversión de 108 mil 500 millones de pesos, pues los problemas siguen siendo enormes.
Sin embargo, aseguró que el Gobierno de la República ha escuchado los reclamos, reconociendo los pendientes y aceptando los errores; no obstante ello, sostuvo que no dejará crisis ni política, ni económica, ni social.
Por el contrario, aseveró que el presidente Enrique Peña Nieto ha cumplido prácticamente con los compromisos que hizo a los mexicanos y con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Ante el Pleno de la Cámara de Senadores, atribuyó la violencia a causas multifactoriales externas como: la expansión de actividades ilícitas de los grupos delictivos vinculados con el crimen transnacional y que han sofisticado sus métodos sirviéndose de los avances tecnológicos.
Y a causas internas como: los procesos de urbanización del país, el cambio en su pirámide poblacional y la transición epidemiológica que experimenta la sociedad desde hace algunas décadas.
Como cuarto Secretario de Estado que comparece con motivo de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno, dijo que los niveles de violencia alcanzados en algunas regiones del país exigen reforzar acciones concretas para devolver niveles necesarios para las familias mexicanas.
“Se ha sido sensible al reclamo ciudadano de mayor seguridad y comprometidos a combatir la inseguridad que nos preocupa y nos ofende”, expresó Navarrete Prida.
Ante ello, el Secretario de Gobernación destacó que esta Administración emprendió un esfuerzo sin precedentes para fortalecer las instituciones de seguridad del Estado, destinando más de 82 mil millones de pesos, casi un 25 por ciento más que en el gobierno anterior.
Además, a través del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred) se destinaron ocho mil 500 millones de pesos a 121 polígonos de atención prioritaria en todo el país, con lo que se desarrollaron 13 mil acciones en materia preventiva.
También se asumió la responsabilidad de concluir la fase de implementación y avanzar en la consolidación del Sistema Penal Acusatorio. Para ello, el Gobierno federal invirtió cerca de 18 mil millones de pesos, que representan 90 por ciento del total de recursos federales asignados al proceso de su implementación, desde que arrancó en 2008.
En la tarea de garantizar la gobernabilidad, la estabilidad política y la paz social, asuntos del Estado mexicano en su conjunto, conminó a seguir trabajando en corresponsabilidad, haciendo del diálogo la mejor herramienta para alcanzar acuerdos y superar retos por la vía de las instituciones.
Frente a la debilidad institucional que presentan algunas corporaciones de seguridad pública estatales y municipales, refirió que uno de cada cuatro municipios del país no tiene capacidad de cumplir con la obligación constitucional de brindar seguridad pública al carecer de un cuerpo de policía.
Por ello, Navarrete Prida justificó que las tareas de seguridad han sido asumidas de manera subsidiaria y temporal por las Fuerzas Armadas y la Policía Federal.
“Soldados, marinos y policías federales han hecho su mayor esfuerzo, con valentía, con lealtad, arriesgando su vida, en auxilio de las comunidades más afectadas por la delincuencia”, expresó en reconocimiento del Gobierno federal.
En sesión ordinaria de este martes, el funcionario federal destacó su comparecencia ante una Cámara de Senadores plural, producto de la elección más concurrida de la historia del país con la participación de más de 56 millones de mexicanos.
Una elección que, pese a su complejidad, dijo que quedó demostrada la madurez y la fortaleza de las instituciones democráticas.
De dicha jornada electoral del primero de julio pasado, Navarrete Prida aseguró que es resultado de una reforma política surgida del diálogo entre las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, en el marco del llamado Pacto por México.