Seguridad privada en Edomex/José Luis Camacho Acevedo

Seguridad privada en Edomex: una bomba política de tiempo  (II parte y última)

Los delitos de extorsión, secuestro y asaltos a mano armada en la zona Ecatepec, Cuautitlán, (Izcalli y de Romero Rubio), Coacalco, Atizapán y Tlalnepantla han crecido en los últimos 10 años en una cifra escalofriante: 500%.

Lo que a diario se consigna en los medios de comunicación en relación a la inseguridad que se vive en esa región mexiquense, lo que denuncian organizaciones vecinales y de defensores de las mujeres víctimas de feminicidios de los mencionados municipios, más los reportes de organizaciones como el Termómetro Delictivo y otras que se han significado por su valor y el rigor con el que realizan sus investigaciones, son reveladoras del componente político que tiene el negocio de la seguridad privada en el Estado de México.

La disputa por el control de las empresas de seguridad privada en las regiones del Valle de Toluca y el Valle de México, así como la zona de Chalco, Valle de Chalco, Los Reyes la Paz y Neza, está igualmente aparejada a una disputa política que se viene gestando entre las huestes del sindicalistas Pedro Haces, que pretende eliminar el sistema de operación outsourcing, o sea la tercerización de contratos temporales que eliminen cualquier compromiso obrero-patronal a los representantes de las policías privadas.

Como lo mencionamos en la columna del viernes pasado los grupos de los ex gobernadores Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas son los señalados por el sindicalista Haces como los verdaderos dueños de las corporaciones de seguridad privada en la entidad.

Proceso publicó el 13 de octubre pasado un reportaje sobre el asunto en el que menciona importantes ligas de políticos con las empresas de seguridad privada:

“Se trata de convenios firmados para la vigilancia de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Hospital Infantil de México Federico Gómez, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la empresa Liconsa (hoy Segalmex), el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, así como el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, según la plataforma consultada y corroborada con varias entrevistas.

Cusaem sólo firmó contratos por un valor estimado en 10% de los ingresos que obtuvo en el sexenio pasado, los cuales representan ganancias superiores a los 8 mil millones de pesos, según solicitudes de acceso a la información pública disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia y en revisiones al portal de Compranet.”

El pasado 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que su administración iniciaría un procedimiento para revisar todos los convenios firmados con la administración pública federal en los que existieran sospechas de protección y posibles actos de corrupción. Sin dar nombres, adelantó: “Se crearon empresas privadas de seguridad vinculadas con políticos”, dijo.

“A finales de julio pasado, las sospechas adelantadas por López Obrador sobre la legalidad en ese tipo de contrataciones quedaron confirmadas por el lanzamiento de la licitación pública nacional LA-009000987-E31-2019, bajo la intervención y cuidado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)… la SCT informó que participaron 20 empresas, entre ellas Cometra, GSI, Sepsa Seguridad Privada, Siker, Sepsa, Sedragal y Servicios Especializados en Investigación y Custodia –ligada a Cusaem, según fuentes federales–. Ninguna de ellas cumplió “con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria”.

“De acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, en 2008 Álvarez González fue secretario particular de Navarrete Prida cuando éste fue secretario de Desarrollo Metropolitano durante la gestión de Peña Nieto en el Estado de México; en 2009 y 2010, cuando Navarrete fue diputado federal, se desem­peñó como asesor. Dejó el cargo para irse a Cusaem, donde estuvo dos años.”

“Tras la protesta de los uniformados frente al Congreso mexiquense, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, Liliana Gollás Trejo, de Morena, llamó a comparecer a Álvarez González “para aclarar la situación legal” de Cusaem y “deslindar responsabilidades legales si existiera mal manejo de los recursos”.

Pero con la llegada de Pedro Haces al poder sindical reforzado con su militancia en Morena, Haces quien en una época DE SU VIDA FUE POLICÍA JUDICIAL, la disputa por el control de la seguridad privada es una bomba política a punto de estallar.

EN TIEMPO REAL

1.- Al entregar al Congreso local de Sinaloa, el documento que contenía el resumen de las actividades realizadas en su tercer año de gobierno, el mandatario

sinaloense Quirino Ordaz Coppel dejó en claro que su entidad tiene un proyecto

de desarrollo muy claro para el futuro.

Con sobrada sensibilidad política, el gobernador externó que haber contado con

un gran aliado parta Sinaloa, en clara referencia al presidente de la República,

Andrés Manuel López Obrador.

Ordaz Coppel reconoció que con AMLO ha dialogado ampliamente, con la finalidad de encontrar respuestas concretas y favorables para los retos que enfrenta Sinaloa.

Un tercer informe de gobierno que borró ya la imagen del culiacanazo.

2.-  Todo parece indicar que Morena llegó a acuerdos y cerró filas, con la finalidad de elegir a quien encabece el partido a nivel nacional. Al presidente López Obrador no le conviene que su partido se desbarate en grillas internas y ambiciones personales.

Los grupos aspirantes finalmente se unieron y acordaron una sola fecha para la realización del Congreso Nacional Extraordinario de Morena, será el próximo 30 de noviembre de 2019.

Las posiciones irreconciliables entre Yeidckol Polevnsky, Bertha Luján, Mario Delgado y Alejandro Rojas Díaz Durán tuvieron que ceder, para que todo se dirima en una encuesta entre militantes. La convocatoria aún deberá emitirse en los próximos días.

3.- Diputados llegan a acuerdo para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Agropecuario, Eraclio Rodríguez, anunció la aprobación que implicaría el retiro del plantón que campesinos han mantenido afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro desde hace 7 días. Los manifestantes provenientes de Sinaloa y Chihuahua lograron obtener 24 mil millones de pesos, explicó el legislador de Morena.

Además a pesar de la demanda de distintos sectores de reasignar 200 mil millones de pesos, el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, lanzó una advertencia y asegura que en el Presupuesto no habrá disminución en los recursos para los programas sociales, ni en la inversión prioritaria en infraestructura, ni en materia de seguridad, gracias a la austeridad republicana y al buen gobierno de la 4T.