
Poder y dinero
Alejados de debates en apariencia solo vigentes en algunos espacios de la oposición, en el norte hay evidencia de la necesaria voluntad política para fortalecer la seguridad pública en coordinación con las fuerzas federales.
Ante la insistente crítica sobre la pertinencia del Ejército en labores de seguridad o el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas impulsan una estrategia colaborativa.
Los respectivos gobernadores Manolo Jiménez, Samuel García y Américo Villarreal —cada uno con representación partidista distinta: PRI, Movimiento Ciudadano y Morena— acordaron con jefes militares en Saltillo operar un mando unificado en la zona norte para reforzar la vigilancia interestatal.
La voluntad política es fundamental para reforzar la seguridad, así como el reconocimiento a las capacidades militares y la posibilidad de una coordinación efectiva en beneficio de la ciudadanía.
Desde la Ciudad de México hay ejemplo de esa oportunidad. Tanto Sedena, Marina como Guardia Nacional participan de manera permanente en el Gabinete de Seguridad encabezado por el Jefe de Gobierno, Martí Batres, e intervienen coordinadamente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia en operativos para la detención de objetivos prioritarios. Una estrategia a mantenerse y profundizar con la próxima Jefa de Gobierno, Clara Brugada.
A nivel nacional, la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha comentado la importancia de replicar un modelo de probada eficacia en la capital nacional, detonador de una baja cercana al 60 por ciento en delitos de alto impacto desde 2019, y que aprovecha la imagen de las fuerzas federales entre las y los ciudadanos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Púbica Urbana del primer trimestre de este año, realizada por el INEGI, el 82.4 por ciento de la población considera efectivo el desempeño del Ejército y la confianza se situó en 83.9 por ciento, el segundo más alto después de la Marina.
La estrategia anunciada para el norte del país representa una oportunidad para fortalecer la percepción de seguridad y disminuir los delitos de alto impacto, en un contexto de fortalecimiento de la zona ante las posibilidades de crecimiento detonadas por el nearshoring.
Compartir y replicar buenas prácticas, sin interponer intereses partidistas o sesgos ideológicos robustece la seguridad.