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CIUDAD DE MÉXICO, 8 de enero (Quadratín México).-El presidente de la Mesa Directiva en el Senado de la República, Ernesto Codero, avaló y la decisión de la Secretaría de Hacienda de no crear ningún fondo de rescate para la deuda que enfrentan estados y municipios, la cual se incrementó en 99 por ciento en los últimos cuatro años y representa un monto de 404 mil 409 millones de pesos.
En entrevista, Ernesto Cordero calificó como “correcta” la decisión de Hacienda pues “si un estado o municipio incurre en una deuda de manera irresponsable, debe de enfrentarlo”.
Rechazó que la deuda sea la única vía con la que cuentan los gobiernos locales para cumplir sus compromisos de obras públicas y sociales, pues cuentan con los impuestos para allegarse de recursos y es su trabajo el generar las mejores condiciones para lograr que la población acepte pagarlos y de esta forma ampliar la base tributaria.
Ante ello, consideró inadmisible la pretensión de que exista un rescate para, con recursos federales provenientes de los impuestos que paga la ciudadanía, se cubran los excesos e irresponsabilidad del endeudamiento de estados y municipios.
A pregunta expresa, consideró que en el caso de la banca comercial se justifica el rescate emprendido en 1994 a través del Fobaproa -el cual se mantiene-, pues no se trató de rescatar a las instituciones bancarias en sí, sino los ahorros de la población.
En cuanto al rescate carretero, argumentó que esas vías representan una fuente de crecimiento, pues favorecen el intercambio comercial interno y, por ende, aumentan los niveles de competitividad.
En la Cámara de Diputados, la legisladora panista Mariana Dunyaska García Rojas resaltó la necesidad de que el Congreso dé un seguimiento puntual a la deuda de los estados y municipios, así como del Distrito Federal, pues de diciembre de 2008 a junio de 2012, aumentó en 99.1 por ciento, esto es, de 203 mil 070.2 millones a 404 mil 409 millones de pesos.
Del monto total, 322 mil 950 millones de pesos han sido contratados por los gobiernos estatales, 30 mil 570 millones por los organismos estatales, 44 mil 859 millones por los municipios y 6 mil 029 millones por los organismos municipales.
Al referirse al punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregue trimestralmente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación información relativa a la deuda pública de los estados y municipios, garantizada por participaciones federales, la legisladora García Rojas puntualizó que esta deuda tiene un fondo político y representa un riesgo a la economía nacional.
“Las obligaciones financieras garantizadas con participaciones federales pueden poner en riesgo las finanzas públicas de los estados y municipios cuando no existe un control adecuado de ellas, transformándose las tasas de interés en volúmenes impagables por el excesivo endeudamiento”, subrayó.
Ante esa situación, se pronunció para que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación cuente con elementos para conocer los montos de endeudamiento actualizados de manera trimestral de los estados y municipios, a fin de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos.
Subrayó que no se requiere la misma información del Distrito Federal, considerando que éste se encuentra limitado a las autorizaciones que, sobre el tope de endeudamiento, realiza anualmente el Congreso de la Unión.
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