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CIUDAD DE MÉXICO, 9 de diciembre de 2020.- En sesión ordinaria de este miércoles, por mayoría del Pleno de la Cámara de Senadores se aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional.
La propuesta enviada por el Ejecutivo federal tiene la finalidad de regular la manera en que actúan los agentes extranjeros en México, además de tener un impacto en la seguridad nacional y las relaciones internacionales. Quedó avalada en lo general por 71 votos a favor, 21 en contra y una abstención; mientras que en lo particular, el registro de votación quedó: 72 a favor y 14 en contra.
La iniciativa tiene por objeto adicionar diversas disposiciones a la Ley de Seguridad Nacional, a fin de regular las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas que desarrollan los agentes extranjeros como la Administración para el Control de Drogas, el Buró Federal de Investigaciones, Agencia Central de Inteligencia, Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (DEA, FBI, CIA, ICE, por sus siglas en inglés), entre otros, en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional.
La senadora del PAN, Guadalupe Murguía Gutiérrez, indicó que la reforma a la Ley de Seguridad Nacional para regular la presencia y actuación en México de personal de agencias policiales extranjeras podría generar más perjuicios que beneficios al país, por lo cual anticipó el voto en contra del Grupo Parlamentario del PAN.
En esencia, justificó que la propuesta está dirigida a los agentes estadounidenses en materia de combate al narcotráfico para establecerles mayores restricciones y obligaciones, pero también limita la actividad de gobernadores y presidentes municipales con este tipo de agentes y pone a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) como un ente supremo en la relación con dichas agencias.
Sin embargo, el Pleno aceptó una modificación presentada por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, para que las Embajadas y misiones extranjeras acreditadas en el país deberán informar a las autoridades correspondientes conforme a los convenios y programas de cooperación bilateral suscrita por el Estado mexicano en materia de seguridad.
Además, se deberá mantener la confidencialidad de la información que obtengan derivada de la aplicación de los convenios de cooperación bilateral de conformidad con los términos establecidos, y para que la Cancillería no se coloque por encima de la Fiscalía General de la República (FGR) y otras autoridades que tratan con agentes extranjeros, aunque se mantuvo la facultad de que estados, municipios y órganos autónomos informen a la SRE de reuniones con agentes.
El líder morenista detalló que en territorio nacional se ubica agentes estadounidenses que pertenecientes al Departamento de Justicia, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, el FBI, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, entre otros, y su presencia es conocido, pero también es sabido que en ocasiones han actuado de manera irregular y se han extralimitado.
“Hay, incluso, en México, un problema serio de quiénes son los agentes que están actuando y que tienen armas a su disposición”, dijo Monreal Ávila al referir que actualmente, solo la DEA tiene en México 11 oficinas, pero se desconoce el número de argentes que actúan en el territorio nacional, si qué información disponen ni a quién se la entregan.
En discusión en lo particular, el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, calificó dicha iniciativa como una respuesta del Gobierno de México ante la detención del general Salvador Cienfuegos Zepeda, en Estados Unidos y la reacción de las dependencias, instituciones o secretarías, que pudieron tener responsabilidad constitucional o legal en la materia, de que no se enteraron del operativo cuando se detuvo al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sexenio pasado.