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CIUDAD DE MÉXICO, 12 de febrero de 2020.- Consolidar un sistema de carrera judicial basado en criterios objetivos, condiciones de igualdad de oportunidades y el mérito, así como el fortalecimiento de las facultades institucionales de combate a la corrupción y mecanismos de prevención y combate al nepotismo, relaciones familiares y corporativismo judicial, son algunos de los principales ejes de la propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación.
Este miércoles, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se reunirán con los senadores para presentarles el documento que incluyen las mencionadas propuestas, con el fin de consolidar un proceso de cambio y renovación, y perfeccionar su marco normativo para garantizar una justicia de calidad dentro de un esquema de fortalecimiento institucional y acercamiento directo a la sociedad.
Para ello, el documento del Poder Judicial incluye reformas constitucionales a siete artículos: 94, 97, 99, 100, 103, 105 y 107; la expedición de dos nuevas leyes federales: Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.
Además, modificaciones a cinco ordenamientos legales: Ley de Amparo, Reglamentaria del artículo 103 y 107 de la Constitución; Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución; Ley Federal de Defensoría Pública; Código Federal de Procedimientos Civiles; y Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria de apartado B) del artículo 123 constitucional.
Para consolidar un sistema de carrera judicial, la SCJN propone el establecimiento de un marco normativo sistematizado, congruente y especializado, encargado de regular exclusivamente la Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, eliminando disposiciones normativas dispersas que propiciaban falta de certeza jurídica.
Nuevas categorías de la carrera judicial acordes a las necesidades institucionales, para garantizar una justicia de excelencia y concursos de oposición para todas las categorías de la carrera judicial que intervienen en los órganos jurisdiccionales sujetos a rigurosos estándares.
Para el fortalecimiento de las facultades institucionales de combate a la corrupción, plantea la posibilidad de designar órganos jurisdiccionales especializados en el conocimiento de hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos o que tengan un impacto social de especial relevancia.
El favorecimiento de la participación del sector académico y social en las áreas de capacitación y desarrollo de la carrera judicial, así como el perfeccionamiento del marco normativo encargado de regular las responsabilidades administrativas de los servidores públicos del PJF.
En mecanismos de prevención y combate al nepotismo, propone la armonización legal de las bases del Plan Integral de Combate al Nepotismo emitido por el CJF, la facultad de nombramiento del juzgador respecto de su personal, basado en criterios meritocráticos y un nuevo régimen de suplencias de los juzgadores.
También, la posibilidad de realizar visitas extraordinarias a tribunales o crear comités de investigación ante cualquier asunto de trascendencia a juicio del propio Consejo, el establecimiento de causales de responsabilidad administrativa específica en el PJF, de principio de legitimidad del PJF como principio transversal en su política de combate al nepotismo, las relaciones familiares y corporativismo judicial y la vinculación de la política de adscripciones a las medidas de prevención y combate al nepotismo.
La propuesta de reforma al Poder Judicial incluye políticas de adscripción sobre la base de criterios objetivos en cuanto a las necesidades del servicio para así recobrar la legitimidad frente a la ciudadanía, el impulso de una auténtica escuela federal de formación judicial en el PJF incluyendo a la Defensoría Pública Federal.
Estándares de excelencia y controles estrictos para la ratificación de juzgadores, el fortalecimiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública, consolidando su sistema de carrera a través de la Escuela Federal de Formación Judicial y ampliando sus servicios y la consolidación del papel de la SCJN como Tribunal Constitucional.