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CIUDAD DE MÉXICO, 4 de abril de 2021.- La Cámara de Senadores solicitó al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y al Comandante de la Guardia Nacional que, en coordinación con las 32 entidades federativas, establezcan una estrategia integral para brindar mayor seguridad en las carreteras federales y estatales del país.
En un dictamen que aprobaron en la sesión del 18 de marzo, los legisladores destacaron que el delito de robo a transportistas se ha incrementado en los últimos 10 años de manera gradual y dramática, pues de cuatro mil 959 robos en 2010 creció a 11 mil 451 robos reportados en 2020, lo que representa un aumento del 130 por ciento.
Tan sólo de enero a septiembre de 2019, se registraron ocho mil 756 delitos contra el transporte de carga, “en un contexto de impunidad causado por el crimen organizado y bandas especializadas” en este delito.
Además, subrayaron que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), estima que al menos cuatro industrias de bebidas y alimentos “analizan dejar de surtir a los municipios que conforman una de las zonas más peligrosas del país” integrada por los municipios de Ecatepec de Morelos, Cuautitlán lzcalli, Tlanepantla de Baz; Tecamachalco y Tultitlan, en el Estado de México; así como Morelia, en Michoacán, San Luis Potosí y Acatzingo, en Puebla.
En el documento aprobado también se indica que el Código Penal Federal estipula que quien cometa el delito de robo en contra de personas que presten o utilicen por sí o por un tercero los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, se le impondrá una pena de seis a 12 años de prisión.
Y cuando el objeto del robo sea de mercancías, equipaje o valores de turistas o pasajeros, en cualquier lugar durante el trayecto del viaje, con independencia del valor de lo robado, será de dos a siete años de prisión.