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Investiga FGE ataque en canchas de Policía y Tránsito de Morelia
CIUDAD DE MEXICO a 20 de Agosto del 2020.-La secretaria del Trabajo (STPS), Luisa María Alcalde, señaló que existe simulación en el mundo del trabajo, con la presencia de contratos de protección que no permiten a los trabajadores participar en las revisiones salariales y contractuales, lo que erradicará el nuevo modelo laboral.
Refirió que hay un avance del 30 por ciento en los sindicatos con registro local que ya modificaron sus estatutos y abundó sobre el plazo que amplió el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma Laboral, a partir de la pandemia, para que una vez que existan condiciones en cada una de las entidades federativas, de acuerdo al semáforo de riesgo sanitario, puedan organizarse las asambleas con mucho cuidado para cumplir al 100 por ciento.
Subrayó que existe la obligación de legitimar todos los contratos colectivos para lo que se tiene un plazo de cuatro años que inició el 1 de mayo de 2019.
Ante la posibilidad de que las organizaciones no cumplan con los principios establecidos en la Ley Federal del Trabajo, la encargada de la política laboral del país detalló que la autoridad registral no los tendrá por válidos, los contratos colectivos se darán por terminados sino los legitiman en cuatro años.
Luisa María Alcalde Luján realizó una visita de seguimiento en San Luis Potosí para conocer los avances en materia sindical, así como de infraestructura y equipamiento de las nuevas autoridades laborales locales, pues dicha entidad es una de las ocho donde el nuevo sistema de justicia laboral comenzará a operar a finales de este año.
Durante la gira de trabajo, la titular de la STPS reconoció la importancia en la coordinación con las autoridades estatales ante la apertura de los tribunales laborales locales y el Centro de Conciliación local, los cuales brindarán a la ciudadanía potosina un nuevo procedimiento para la impartición de justicia, mucho más ágil y moderno, que apuesta a la conciliación antes de ir a juicio.
Llamó a los sindicatos con registro local, a cumplir con la obligación legal de modificar sus reglas internas a fin de garantizar que los trabajadores elijan a sus dirigentes a través del voto personal, libre, directo y secreto; que se incluyan reglas en materia de equidad de género en las directivas sindicales, y se garanticen mecanismos de rendición de cuentas y transparencia frente a sus agremiados.