Sexoservidoras de la Sullivan se hartan y denuncian a explotadores

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de octubre de 2016.- Cansadas del control y de explotación por parte de cinco personas que las obligaron a pagar cuota de piso bajo la amenaza de asesinarlas si no lo hacían, un grupo de sexoservidoras denunciaron a los imputados, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien ejerció acción penal en su contra por el delito de trata de personas.

Después de que Carlos Bermudes Velázquez o Carlos Bermudez Velázquez, Alfredo Martínez Martínez, María Elena Zarate Estrada, Michelle Monserrat Bárcenas Ramírez o Mishell Monzerrat Bárcenas Ramírez e Inocencia Valerio Rosales, impugnaran la sentencia condenatoria de 15 años de prisión impuesta a cada uno, por la comisión del delito de trata de personas, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina ofreció nuevamente las pruebas suficientes para que la Sexta Sala Penal ratificara el fallo.

La PGJ confirmó también el pago impuesto en primera instancia por el Juez 20 Penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente, de 64 mil 760 pesos de forma individual, por concepto de multa.

De acuerdo con la partida 161/2013, en el mes de julio de 2014, por sus condiciones de vulnerabilidad, 11 mujeres eran obligadas a prostituirse y pagar “derecho de piso” a los indiciados, por ofrecer servicios sexuales en la calle de Sullivan, colonia San Rafael, delegación Cuauhtémoc. Para evitar que evadieran el pago exigido, los sentenciados tenían amenazadas de muerte a las mujeres con hacerles daño a ellas o a sus hijos.

Conforme a las declaraciones de las agraviadas, los imputados llegaron a la zona donde éstas suelen esperar clientes, y les dijeron que controlarían sus actividades a partir de ese momento.

Desde entonces les prohibieron platicar mutuamente, hablar demasiado con los hombres interesados para que no les quitaran tiempo y tener contacto con policías a fin de evitar alguna denuncia, además vigilaban con exactitud el lugar en el que se encontraban para que pagaran las cuotas correspondientes.

El proceso se inició previo a la plena entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio (SPPA), por lo que se desarrolló de acuerdo al sistema tradicional o mixto.