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CIUDAD DE MÉXICO, 1 de diciembre de 2020. — En México queda mucho por hacer en la atención a las personas que viven con VIH/Sida, y el respeto de sus derechos humanos debe alcanzar, además acciones encaminadas desde el Gobierno, por medio de las Secretarías de Educación Pública (SEP), Salud (Ssa) y Cultura aplicar planes y programas de estudio en temas de educación sexual integral y reproductiva.
Este martes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un llamado urgente al Secretario de Salud Federal, Jorge Carlos Alcocer Varela, -en su calidad de coordinador del Sistema Nacional de Salud- para que se implementen acciones inmediatas que garanticen a las personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) acceso efectivo a servicios integrales en materia de prevención, atención y seguimiento a la salud.
De acuerdo a un comunicado emitido por el organismo, al conmemorarse este 1 de diciembre el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, la CNDH establece que la atención proporcionada a quienes viven con esta condición de salud debe observar en todo momento el respeto a los derechos humanos a la igualdad sustantiva, libertad personal, confidencialidad, autodeterminación y autonomía de las personas.
Por ello, también solicita a las Secretarías de Educación Pública, Salud y Cultura, de la Administración Pública Federal, coordinarse para aplicar planes y programas de estudio destinados a la formación en temas de educación sexual integral y reproductiva, que implican aspectos como el ejercicio responsable de la sexualidad, planeación familiar, maternidad y paternidad responsables, prevención del embarazo en la adolescencia, así como infecciones de transmisión sexual (ITS) como el VIH, de manera científica, completamente ajena a cualquier doctrina religiosa y fomentando la igualdad de género para la construcción de una sociedad justa e informada.
Asimismo, este Organismo Autónomo enfatiza la necesidad de eliminar prácticas agresivas, discriminatorias y coercitivas como la aplicación obligatoria de pruebas para la detección del VIH, a través de la figura conocida como Control Sanitario que, en la mayoría de los casos, lejos de ser un servicio gratuito y de calidad, constituye un servicio oneroso y con fines de recaudación, impuesto por diferentes integrantes del Sistema Nacional de Salud a personas dedicadas al trabajo sexual, quienes, debido al contexto económico, social y cultural en el que se desarrollan, constituyen un sector en situación de vulnerabilidad.
Por otro lado, la Comisión exhorta al Poder Legislativo para que tome acciones urgentes a fin de evitar que las legislaciones penal y sanitaria prevean delitos específicos contra la transmisión deliberada del VIH y a que en esos casos excepcionales se apliquen figuras delictivas en general, garantizando que los elementos de previsibilidad, intencionalidad, causalidad y consentimiento estén claramente demostrados al momento de juzgar a las personas, tal como lo establecen las Directrices Internacionales sobre el VIH y los Derechos Humanos.
Al respecto, la CNDH recuerda que la Ley General de Salud establece que las autoridades sanitarias son el Presidente de la República, el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, por lo que no dota de facultades ni competencia a las autoridades judiciales para desarrollar acciones y políticas de prevención y control de enfermedades transmisibles como el VIH y otras ITS.