Simulación, albazo de Morena en el IECM por repartición de pluris: Royfid

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de junio de 2024.- El legislador capitalino e integrante de la Bancada Naranja, Royfid Torres González, lamentó la decisión del consejo del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para acceder a la modificación del acuerdo de asignación de diputados por representación proporcional en el Congreso local.

Este acuerdo resta posiciones a los partidos políticos que en las urnas ganaron el legitimo derecho de tener voz y voto, en particular de los más de 533 mil personas que eligieron el proyecto de Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con un comunicado de prensa, durante la sesión nocturna del IECM, el también coordinador de la Asociación Parlamentaria Ciudadana en Donceles, expuso los riesgos de aprobar un documento que hasta ese momento sólo consistía en dos hojas con sustitución de siete diputados se Morena que salieron de lista por sobrerrepresentación de ese instituto político y que para no perder su lugar fueron integrados en las bancadas de sus aliados del Partido Verde y Partido del Trabajo, lo que mina el número de legisladores en el resto de los partidos.

«Me preocupa enormemente que estemos discutiendo uno de los puntos fundamentales de esta jornada electoral. Porque en este momento de asignación de diputados de representación proporcional sólo tengamos dos hojitas y que se nos hable de este nuevo proyecto.

Estamos aquí hablando de un problema de raíz, de un convenio de candidatura común que tuvo como requisito que ser avalado por las direcciones locales y los nacionales para poderlo firmar y modificar. Ahí se dio el siglado y como lo manifiestan los candidatos, tanto en sus procesos internos, como en los constitucionales. Se estableció el convenio y se aprobó», sostuvo.

El representante ciudadano calificó como una contradicción el proyecto del consejero Bernardo Valle Monroy, con la justificación que dio el representante de Morena, Eduardo Santillán, ya que se aprobaron las modificaciones sin validez jurídica alguna de los documentos ingresados ante el órgano electoral.

«Nos dicen, por un lado, que con estos cambios se arregla el tema de la sobrerrepresentación y por el otro de cuidar los derechos político electorales de quienes se refiere, pero el problema de raíz es que no tenemos cerrteza de la validez oficial de estos oficios. Sabemos que para que eso pase se necesita una manifestación personal de la voluntad de retirar una candidatura y aquí por medio de un oficio, que supongo llegó vía Oficialía de Partes, vamos a cambiar la decisión de la ciudadanía y de un convenio que se acordó en este mismo consejo.

Ademas vamos a dejar de aplicar normas, que no es facultad de este consejo y vamos más allá, a legislar en términos de derechos parlamentario, porque le quieren decir al Congreso a qué grupo parlamentario llegarán a integrar estás siete personas que, ni siquiera sabemos si firmaron estos oficios».

Agregó que ante la irregularidad de obviar los procedimientos estamos frente un acto de violación a la ley a partir de la justificación del reacomodo legislativo, mismo que, por procedimientos legales, debe hacerse hasta el 28 de agosto.

«Lo único que nos interesa es justificar que hay personas que no están de acuerdo con una adscripción, que eso de entrada no vulnera ningún derecho, porque eso se valida haste el 28 de agosto. Lo que están haciendo es ignorar la voluntad de los partidos de generar un acomodo particular de los grupos parlamentarios, que no tiene nada que ver con las candidaturas, porque por un lado defendemos a los partidos y por otro a los candidatos que no tiene todavía válido este derecho, pero lo que es más grave es el acto de simulación y fraude a la ley.

Porque así como damos validez a estos siete oficios, mañana, una vez que se aprueben, pueden decir otra cosa porque no hay un acto definitivo de manifestación de la voluntad. Lo que van a provocar es un fraude a la ley, a la voluntad popular y a lo que aquí establecen las normas del instituto porque toman como definitivo una adscripción que no tiene ningún valor jurídico», indicó.

Finalmente, Torres González lamentó el comportamiento de algunos consejeros ante esta simulación, porque el deber del IECM es velar por la voluntad ciudadana y de los partidos políticos representados.

«Aquí les toca aplicar sus propias normas, que son contrarias totalmente a lo que nos propone hoy el consejero Valle», sentenció.