Sin contrato, regresan a clases maestros de estudiantes con discapacidad

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de agosto de 2021.- Más de mil asesores educativos de los 291 Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) de todo el país denunciaron que tienen dos meses sin cobrar su salario, situación que se ha repetido durante más de 10 años. Señalaron que llevan a cabo su función educativa en condiciones laborales irregulares al no contar con un contrato ni prestaciones sociales, por lo que también exigieron su reconocimiento como trabajadores docentes. 

Los CAED fueron creados para brindar servicio educativo a nivel medio superior a estudiantes con diversas discapacidades como intelectual, motriz, visual, auditiva y del espectro autista. Sin embargo, a 11 años de su creación, los asesores lamentan que ninguna política educativa haya transitado del reconocimiento por su participación en las asesorías en estos centros, a la puesta en marcha de sistemas de financiamiento que garanticen sus pagos mensualmente. Por ello, exigieron ser reconocidos como trabajadores de la educación al servicio del Estado y con ello mejoren sus condiciones laborales y puedan recibir salarios y no “gratificaciones económicas por participar en los proyectos operativos y académicos”, como actualmente establecen las autoridades educativas.

Diversos asesores de los CAED, que pidieron mantener el anonimato por temor a represalias, informaron que la Secretaría de Educación Media Superior (SEMS), a través de María Eugenia Cortés Bastida, titular de Control de Gestión de la Coordinación Administrativa, vía correo electrónico informó que la SEMS se encuentra en espera de la ampliación presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y que debido a esta situación a más de dos meses no recibir el pago de su salario no hay fecha aún para la dispersión de los recursos, por lo que más de mil asesores continuarán sin recibir el pago de sus salarios adeudados.

En abril de 2020, el entonces secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, solicitó a la SHCP que se mantuviera en operación el fideicomiso público de “Bachillerato General en sus Modalidades no Escolariza y Mixta”, sin embargo la petición fue rechazada por lo que se inició el proceso de extinción de este fidecomiso argumentado que los CAED, las y los asesores educativos que prestan sus servicios de conformidad con el programa de Atención de Planteles Federales de Educación Media Superior con Estudiantes con Discapacidad (PAPFEMS), no dependían del fideicomiso de referencia, por lo que sus pagos no se habían visto afectados. No sucedió así.

Por ello, corresponde a la SEMS gestionar ante la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros la asignación de recursos federales del Programa de Inclusión y la Equidad Educativa de los planteles federales y realizar la adquisición de los bienes y servicios para los gastos de operación, equipamiento, así como el pago de los asesores de CAED, sin embargo no hemos obtenido respuesta de esta institución a las demandas.

Los asesores pertenecientes a diversos subsistemas del país que ofrecen el servicio educativo a más de 30 mil alumnos con discapacidad lamentaron que no exista respuesta de ninguna autoridad educativa a sus demandas y que pese a que han cumplido en la planeación de actividades, repaso de los temas revisados, el seguimiento semanal de su trabajo, así como la impartición de asesorías, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, los quiera mandar de regreso a clases sin que se les paguen sueldos atrasados. “Quieren que entreguemos actividades y tomemos cursos, pero sin pagarnos junio y julio ¿Dónde está el presupuesto que se dio desde el año pasado?”, cuestiona una asesora.

Además, denunciaron que en el caso de los CAED en Michoacán hasta el momento llevan un año cinco meses sin que los alumnos presenten exámenes y consideraron que las autoridades educativas no ofrecen alternativas para crear estrategias que respondan a la situación actual de crisis sanitaria para la evaluación de los alumnos.

Finalmente, los asesores exigieron que se replantee la educación abierta para los estudiantes con discapacidad mediante la formalización de CAED y sea reconocido como una escuela y que ellos dejen de ser vistos como “figuras solidarias” “colaboradores voluntarios” y sean reconocidos y tratados como maestros con derechos como trabajadores de la educación al servicio del Estado”.