Coparmex pide estrategia integral de mercado interno; rechaza aranceles
CIUDAD DE MÉXICO, 1 de febrero de 2025.- Tras la pasarela de 33 oradores de los distintos Grupos Parlamentarios, y la propuesta de 80 modificaciones, ninguna aceptada, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular las modificaciones a Ley del Infonavit y la Ley Federal del Trabajo.
Después de un acuerdo, las bancadas decidieron reducir las reservas de las 200 que eran, además de dar la palabra a 10 legisladores de cada partido de la oposición, y uno cada grupo de la mayoría legislativa.
322 en pro, 107 en rechazo y cero abstenciones, fue como pasó la legislación que busca facilitar el acceso a la vivienda para los trabajadores de bajos y medianos ingresos, y para que estos tengan la certeza de que están cuidados sus ahorros.
Estas modificaciones fueron presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde el Consejo de Administración del Infonavit tendrá la atribución y facultad de aprobar anualmente el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del Instituto.
Asimismo, cada año el Consejo tendrá la atribución y facultad de aprobar el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del Instituto, aunado a que se destinen los recursos suficientes para el otorgamiento de crédito a las personas trabajadores derechohabientes.
Un cambio que ha generado dudas, es el hecho de que se destinarán recursos a la construcción de vivienda, por conducto de una empresa filial, para fomentar la oferta destinada al arrendamiento social o adquisición en favor de las personas, así como el desarrollo económico local y la generación de empleos.
Otro de los puntos que más ha creado atención, es el programa de arrendamiento social, ya que posterior a un año de cotización, se podrá acceder a una vivienda en renta, construida o administrada por el Infonavit, pagando solo el 30 por ciento del salario en renta, teniendo la posibilidad de comprarlo después de 10 años.
Igualmente, por medio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, auxiliada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Asamblea fijará las normas de carácter prudencial y sanas prácticas a que se sujetarán las operaciones en materia crediticia que realice el Instituto.
Además, se estipula que la fiscalización del Instituto estará a cargo de la Auditoría Superior de la Federación y será competente para revisar la actividad del Instituto como organismo fiscal autónomo, la debida integración y administración de su patrimonio.