Sin protocolo ni vacuna regresan a clases estudiantes con discapacidad

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de agosto de 2021.- Padres y madres de familia de estudiantes de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), aseguran que sus hijos regresarán a clases sin conocer los protocolos a seguir, además de que señalaron que los más de 30 mil estudiantes pertenecientes a este sistema educativo en su mayoría no han recibido ninguna vacuna.

Sabina Borja, madre de una joven con discapacidad perteneciente al CAED 5, pidió a las autoridades de la Dirección General de Bachillerato (DGB) que cumplan los acuerdos establecidos en el oficio DGB/DSA/070/2021, en el que se comprometieron a informar, a través de los directores de los planteles que cuentan con un CAED, de las Orientaciones Generales para el regreso a los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), porque hasta la fecha, aseguró, se le ha violado el derecho a estar informados a miles de estudiantes, familias y cuidadores. “Hemos sido ignorados sistemáticamente por la SEP, SEMS y DGB, desconocemos cuáles serán los protocolos para el regreso a clases que le den certeza y seguridad a nuestros hijos. Estamos hablando de que se trata de una población vulnerable por su condición de discapacidad”, dijo.

Asimismo, el subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo Ortiz, en reunión con asesores representantes estatales de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), en noviembre de 2021, calificó como urgente la organización y aplicación de los exámenes para miles de alumnos en toda la república.

A nueve meses de esta reunión, asesores y padres de familia se preguntan cuál es el significado de “urgente” para Arroyo Ortiz, al continuar miles de estudiantes del interior de la república sin presentar exámenes que les permitan avanzar o concluir la preparatoria abierta en su modalidad no escolarizada, después de un año seis meses.

El subsecretario había señalado que las necesidades se tenían que dividir entre urgentes y necesarias; para él, urgente era la aplicación de exámenes a miles de estudiantes, no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país donde se localizan estos centros educativos, y como necesarias las modificaciones al programa de estudios de CAED; sin embargo, ni los aspectos urgentes ni los necesarios han sido resueltos a nueve meses de esta reunión a la que asistieron también la titular de la Dirección General de Bachillerato, María de los Ángeles Cortés Basurto; la directora de Sistemas Abiertos, Paola Chenillo Alazraki; la coordinadora Académica de CAED, Betzabeth López Fuentes, Silvia Aguilar, representante de la SEP, y las  diputadas Raquel Bonilla y la entonces presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adela Piña Bernal.

Los asesores educativos señalaron que continúan sin recibir el pago de su salario desde el pasado mes de junio, agregaron que lo único que se les hizo llegar, vía correo electrónico, es un aviso de que las autoridades educativas se encuentran a la espera de la disponibilidad presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el pago adeudado, además de que les pidieron seguir brindando el servicio de asesorías académicas a distancia.

SEMS SOMETE A ESTUDIANTES A DESIGUAL PROCESO DE EVALUACIÓN

Por su parte, representantes del Comité de Padres y Madres de Familia de la comunidad de los CAED reprocharon a la SEP la falta de estrategias en la educación a distancia. Isabel Romero Salmerón, madre de un joven perteneciente al CAED ubicado dentro del CETIS 54, rechazó el actual plan de estudios por someter a estudiantes con discapacidad, en su mayoría intelectual, a realizar el mismo examen que presentan jóvenes sin discapacidad, por lo que consideró inaceptable la desigualdad de oportunidades entre alumnos regulares y jóvenes con discapacidad, lo que ha provocado que el tiempo para terminar la preparatoria abierta se prolongue a más de 10 años.

Según los últimos datos del Sistema Integral para la Operación de Sistemas Abiertos y a Distancia (SIOSAD), de los 12,500 estudiantes con discapacidad intelectual, entre 2009 y 2018 sólo se certificó 3.5%.

Finalmente, señaló Romero Salmerón que urge realizar una consulta pública en todo el país que involucre a todos los estudiantes y sus familias, así como asesores, autoridades educativas y especialistas, con el fin de que se reflejen las necesidades reales de   la mayoría de los estudiantes que lleve a la creación de una estrategia de inclusión “tal como lo establece el artículo 4, numeral 3, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, señaló.