Sin riesgo, proceso electoral 2017: Fepade

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de abril de 2017.- El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, afirmó que a pesar de los retos que enfrenta este organismo, “el proceso electoral 2017 no está en riesgo, lo anterior al participar en el Foro, Marco Normativo para el blindaje en el uso de recursos públicos en los procesos electorales locales 2016-2017, que se realizó en la Cámara de Diputados.

«Las instituciones del Estado mexicano trabajamos de manera conjunta para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos”, mencionó.

Nieto Castillo detalló que por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos locales, los llamados OPLES, se han realizado actividades para que los comicios se desarrollen conforme a lo establecido, así como los procesos de capacitación de funcionarios y las campañas electorales.

Explicó que del 1 al 6 de junio habrá un despliegue de agentes del Ministerio Público especializados, peritos y policías en las instalaciones de los institutos electorales, delegaciones y subdelegaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en las cuatro entidades donde habrá elecciones este año, para que se trasladen a los lugares donde se presenten denuncias.

Indicó que este operativo estará los días previos a la elección para atender denuncias; además se desarrollará con fiscalías electorales locales e institutos electorales Nacional y estatales, así como con delegaciones y subdelegaciones de la PGR, para dar mayor seguridad al voto.

«El objetivo es acercar el modelo de procuración de justicia penal electoral y rendir a esta Comisión Especial un informe de las investigaciones y consignaciones», subrayó.

Refirió que uno de los principales desafíos que tendrán que enfrentar en el actual proceso electoral, es el que se refiere al traslado de grandes cantidades de personas de un municipio a otro para que voten indebidamente, acto conocido como “turismo electoral”.

Señaló que también enfrentan lo relacionado a la violencia política de género, la posibilidad de actos agresivos y falta de policías para atender denuncias sobre compra de votos, condicionamiento de programas y eventos masivos para entregarlos.

Sostuvo que en tiempos electorales no puede haber eventos masivos de entrega de apoyos, sin embargo, dijo que tampoco se puede suspender el reparto “en un país que tiene 60 millones de pobres, es impensable”, pero se pronunció por combatir esas prácticas.

Sobre la entrega de programas sociales aclaró que no es un delito siempre y cuando éstos no se condicionen al voto, ni se coacciones a los beneficiarios, «la entrega de programas sociales, per se, no es un delito, pero es un delito condicionar el voto, comprar el voto a partir de los programas sociales.

Y por supuesto, a los beneficiarios de los programas sociales a que se participe en procesos proselitistas en días y horas hábiles, y que se les condicione el voto para un determinado partido político o candidato», indicó.