Sin tanto Roy-o

Escuelas cerradas, familias abandonadas

En este país, las decisiones públicas se siguen tomando como si las familias pudieran reorganizar su vida de un día para otro. Como si millones de madres y padres tuvieran la posibilidad de mover horarios, cancelar trabajo o inventar redes de apoyo cada vez que el gobierno improvisa.

La decisión de la Secretaría de Educación Pública de recortar cinco semanas el calendario escolar —adelantando el cierre del ciclo al 5 de junio y postergando el regreso hasta el 31 de agosto— no es solo un ajuste administrativo: es otra muestra de un gobierno que sigue confundiendo gobernar con reaccionar.

Las justificaciones son tan endebles como preocupantes. Primero, el calor. Luego, el Mundial.

Ninguna resiste un análisis serio.

Las altas temperaturas no son nuevas ni inesperadas. Si ese era el problema, la respuesta era invertir en infraestructura escolar: ventilación, sombra, acceso al agua, condiciones dignas. No cerrar escuelas.

Y si el argumento es el Mundial, el mensaje es todavía más grave: en México, el espectáculo puede más que la educación.

Pero el problema no termina ahí.

Miles de escuelas ya tenían planeado su cierre de ciclo: contenidos, evaluaciones, proyectos, regularizaciones. Pretender que cinco semanas de clase se pueden recortar sin consecuencias es ignorar la realidad educativa de un país que aún arrastra rezagos profundos tras la pandemia.

Sin embargo, la reacción social puso sobre la mesa algo aún más relevante:

¿Quién va a cuidar a los hijos? Ahí está el fondo del problema.

La SEP —como muchas instituciones del Estado— sigue sin entender que las escuelas no solo educan. También cuidan. Son una pieza clave del sistema de cuidados que permite que millones de familias funcionen todos los días.

Mientras niñas y niños están en la escuela, alguien puede trabajar. Cuando la escuela desaparece, ese equilibrio se rompe.

Y en México, esa carga casi siempre recae en las mujeres.

No es nuevo. Ya pasó con la desaparición de las escuelas de tiempo completo. Una decisión tomada desde el escritorio terminó afectando la autonomía económica de millones de mujeres, obligándolas a asumir tareas de cuidado que el Estado decidió abandonar.

Pasa también cada mes con los Consejos Técnicos Escolares: días en los que las familias tienen que improvisar quién cuida, quién falta al trabajo, quién pierde ingresos.

Nunca hubo consulta. Nunca hubo alternativas. Nunca hubo corresponsabilidad.

Hoy se repite la historia, pero a mayor escala.

Y lo hace en un momento particularmente contradictorio: mientras al menos 18 estados avanzan en reconocer constitucionalmente el derecho al cuidado, el gobierno federal toma decisiones que lo ignoran por completo.

México empieza a reconocer jurídicamente que cuidar es un asunto público. Pero en la práctica, el Estado sigue actuando como si fuera un problema privado, invisible y femenino.

Porque aquí no solo cerraron cinco semanas de clases.

Cerraron, una vez más, una red de apoyo esencial para millones de familias que el gobierno sigue sin querer ver.