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CIUDAD DE MÉXICO, 8 de agosto de 2023.- Los sindicatos y pueblos indígenas se mantienen firmes frente a las reformas que atentan contra sus derechos. Con ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 9 de agosto de 2023, los sindicatos y organizaciones de pueblos indígenas ponen de relieve las formas extremas de discriminación a las que se enfrentan los colectivos indígenas.
Concretamente, la falta de derechos de autogobierno o de acceso a sus tierras. La explotación y contaminación de sus tierras, que destruye sus medios de vida y les obliga a desplazarse. La ausencia de o acceso insuficiente a servicios básicos, como la educación y la sanidad, que perpetúa el nefasto legado de la subyugación histórica.
Según la OIT, los pueblos indígenas representan aproximadamente el 6.2 por ciento de la población mundial, es decir, 476.6 millones de personas. De esta cifra, el 18.2 por ciento vive en la pobreza extrema, con menos de 1.90 USD diarios, un porcentaje que contrasta con el 6.8 por ciento en el caso de la población no indígena.
Los pueblos indígenas tienen más probabilidades de acabar en el sector de la economía informal, donde el déficit de trabajo decente es mayor y el acceso a la protección social es limitado o inexistente. Los gobiernos tienen que trabajar para reducir estos déficits y formalizar los empleos informales con vistas a reducir los abusos relacionados con el trabajo y las violaciones de los derechos que sufren numerosos colectivos nativos marginados.
Se necesita una economía más inclusiva que vaya más allá del PIB y del crecimiento económico para garantizar la cobertura de las necesidades materiales de los pueblos indígenas y la reducción de tan flagrantes desigualdades.
Aunque la mayoría de los hombres y mujeres indígenas siguen viviendo en zonas rurales, se está produciendo una creciente migración a las zonas urbanas debido a la expropiación de sus tierras y a los efectos adversos del cambio climático.
Los gobiernos que emprenden acciones para hacer frente al cambio climático con medidas de transición justa tienen la obligación de respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas. Estos deben ser consultados y disfrutar del derecho a participar en las decisiones que les afecten. Además, deben reconocerse, valorarse y utilizarse los conocimientos que puedan compartir para abordar los acuciantes retos medioambientales a los que se enfrenta el mundo.
La CSI aboga por un nuevo contrato social basado en seis reivindicaciones de los trabajadores: empleos respetuosos con el clima, con una transición justa; derechos para todos los trabajadores y las trabajadoras; justicia salarial, en particular un salario mínimo vital para todos los trabajadores; protección social universal; igualdad e inclusión. Estas reivindicaciones son cruciales para el desarrollo de unas sociedades y unas economías justas y resilientes que sean verdaderamente inclusivas para todos los trabajadores, comprendidos los trabajadores indígenas.
En este contexto, la CSI insta a los Estados a ratificar y aplicar el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, junto con el Convenio 105 (trabajo forzoso) y el Convenio 190 (violencia y acoso).
La consecución de la Agenda 2030 no será posible si no se aborda urgentemente la exclusión y la desigualdad que condicionan la vida cotidiana de los pueblos indígenas.