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CIUDAD DE MÉXICO, 4 de agosto de 2017.- La reforma constitucional que creó el Sistema Penal Acusatorio en 2008, es un parteaguas en la evolución de la justicia en el país, al avanzar de un sistema inquisitorio a uno acusatorio y oral, coincidieron las senadoras Angélica de la Peña Gómez, Pilar Ortega Martínez y Cristina Díaz Salazar.
De acuerdo con un comunicado, durante el Foro Reformar el Sistema de Justicia Penal en México para mejorar, la senadora del PRD destacó el trabajo legislativo de las comisiones de Justicia, de Gobernación y de Derechos Humanos en impulsar leyes que garantizaron que la reforma constitucional se concretará de manera armónica, con un enfoque en los derechos humanos, con la otra gran reforma estructural a la Constitución, en 2011.
“Hoy estamos iniciando prácticamente el próximo periodo ordinario, que empieza el 1 de septiembre, con esta discusión”; queremos conocer las preocupaciones y dónde tendría que dirimirse, desde el Poder Judicial, en una interpretación más ad hoc para poder entender el significado de la letra de la ley o de la Constitución, señaló la presidenta de la Comisión de Derecho Humanos.
En su intervención, la senadora Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, apuntó que algunas voces señalan que la ola de violencia en materia de seguridad obedece a la implementación del sistema, no obstante, aclaró, su esencia radica en reducir la impunidad, proteger a las víctimas y reparar los daños causados en su perjuicio.
La legisladora del PAN recalcó algunos temas pendientes en el debate, como el primer respondiente, el papel de la policía en el proceso penal acusatorio, audiencias, procedimientos abreviados, jueces de control, juicio de amparo, entre otros, los cuales, como legisladores estamos obligados a revisar para fortalecer el sistema de justicia.
La senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, señaló que pesar de los avances, existen retos en la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que su Grupo Parlamentario propuso un proyecto de reformas, cuyo objetivo es fortalecer la operación del sistema y llevar ante la justicia, con transparencia y claridad, a los imputados.
La legisladora del PRI subrayó la coincidencia con el Gobierno Federal para atender lagunas jurídicas, como la prisión preventiva oficiosa para delitos de consecuencia grave como el robo de hidrocarburos, la portación y el acopio de armas de uso exclusivo del Ejército.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Diva Gastélum Bajo, precisó que se debe revisar qué tanto se quiere seguir sentenciando gente que no lo amerita; los que están en la cárcel –agregó- es la gente que no tiene recursos. Pero, ¿por qué llega a prisión preventiva? eso se debe analizar, reiteró.
La legisladora priista añadió que con este foro se conocerá la opinión de expertos sobre los pendientes legislativos para mejorar el Sistema de Justicia Penal, con lo que se permitirá hacer una agenda y, con ello, modificaciones y hacer que el sistema sea verdaderamente de justicia.
El diputado del PRI, César Camacho Quiroz, consideró conveniente eliminar la figura del arraigo, “nos desprestigia y nos quita mucho, y nos da poco o nos da nada, en términos de eficiencia”; fortalecer la cultura jurídica para que la gente conozca los alcances del sistema, y elevar a la Constitución la figura de reparación integral a las víctimas, con una descripción breve, categórica de cuáles son sus alcances.
Sobre la prisión preventiva oficiosa, destacó que las condiciones del país pudieran exigir un catálogo recortado de esta. Aunado a esto, dijo que los ajustes que requiere el Sistema de Justicia Penal por excepción son normativos, ya que los más que se requieren son de políticas públicas, instrumentación, capacitación y vigilancia de lo que debe ocurrir.
En tanto, el titular del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno Zamora, subrayó que el Sistema de Justicia Penal no está fallando, sino los que se están equivocando son algunos operadores e instancias del propio sistema, que no se construyeron bien o no han terminado de madurar.
Señaló que incrementar los delitos que merecen prisión preventiva, como medida cautelar, no significa generar una contrarreforma, ya que ante el aumento de homicidios dolosos cometidos con armas de fuego y la migración de otras conductas delictivas, como el robo de hidrocarburos, es fundamental que estos merezcan prisión preventiva oficiosa.