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CIUDAD DE MÉXICO, 10 de diciembre (Quadratín México).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación sobreseyó la controversia constitucional que en julio de este año presentó la gestión de Felipe Calderón contra la Ley General de Víctimas.
El ministro Sergio A. Valls Hernández emitió el acuerdo en el que la Corte se da por notificada del desistimiento que hizo de dicha demanda el presidente Enrique Peña Nieto.
“Procede sobreseer en la presente controversia constitucional por desistimiento de la parte actora, en virtud de que el oficio relativo lo suscribe Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, actual consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, que acredita su personalidad con copia certificada de su nombramiento, expedido el cuatro de diciembre de dos mil doce, por el Presidente de la República, a quien representa en este asunto…”, menciona el acuerdo.
La Ley General de Víctimas permanecía congelada desde el 19 de julio de este año, cuando el entonces presidente Felipe Calderón presentó la controversia contra el Congreso de la Unión, con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que se expedía dicha ley.
Dicha estatuto fue elaborado con el apoyo de diversas instituciones y organizaciones, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien presentó un decálogo.
El rector de la UNAM, José Narro Robles, participó en una reunión con los coordinadores parlamentarios del Senado, donde hizo una propuesta de contenidos mínimos que debería tener esa ley.
Una de las propuestas fue que el Estado asumiera la responsabilidad con las víctimas, tanto de la delincuencia organizada como la derivada de los cuerpos policiacos, a través de la creación de un fondo de apoyo, constituido de bienes decomisados, de juicios de extinción de dominio y con recursos provenientes de donaciones particulares, entre otros.
Mientras que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia, hizo las últimas revisiones a través del abogado Julio Barros.
Fue así que en junio de este año, el Congreso de la Unión promulgó la Ley, pero ésta fue regresada por Felipe Calderón con observaciones.
Lo anterior causó molestia entre los legisladores, quienes argumentaron que los señalamientos se realizaron fuera de los 30 días que establece la Constitución.
El entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, manifestó la necesidad de hacer adecuaciones a la ley, entre ellas, una reforma que elevara a rango constitucional la obligación de los tres niveles de gobierno de garantizar justicia a las víctimas.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 19 de julio, con lo que quedó congelada la Ley General de Víctimas.
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