Solicitan senadores informes sobre casos Tlatlaya y Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de noviembre de 2016.- Los integrantes del pleno del Senado de la República aprobaron solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Procuraduría General de la República (PGR) informes sobre los avances en las investigaciones de los casos Tlatlaya y Ayotzinapa.

En el primer caso, los legisladores federales piden a la Sedena, a la PGR y al Gobierno del Estado de México que remitan un informe sobre el avance de las investigaciones realizadas para esclarecer los hechos acontecidos en el municipio de Tlatlaya, el 30 de junio de 2014, en el que resultaron muertas 22 personas, tras un enfrentamiento entre presuntos criminales y militares.

Y solicitaron, al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que ofrezca un informe sobre la respuesta de las autoridades y los avances en la implementación de una recomendación relativa al caso de Tlatlaya.

El documento refiere que los acontecimientos registrados en la comunidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, “constituyen uno de los episodios más lamentables en materia de violaciones a los derechos humanos en la historia reciente de nuestro país”.

El Senado solicitó a la PGR un informe sobre la implementación del mecanismo de seguimiento especial del caso Ayotzinapa, que tiene el propósito de dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que intervino en este asunto.

A consideración de esta instancia legislativa, las investigaciones y procedimientos penales sobre este caso no han concluido, por parte de las autoridades competentes.

En otro punto de acuerdo, el Senado de la República expresó su preocupación por el incremento de homicidios perpetrados contra personas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e lntersexual (LGBTTTI), debido a su orientación e identidad sexual.

Por lo anterior, exhortó los titulares de las entidades federativas a garantizar la integridad, el respeto y protección de los derechos humanos de las personas de dicha comunidad, y solicitó a los titulares de las procuradurías estatales de Justicia que se aplique el Protocolo de Actuación para el personal, en casos que involucren la orientación sexual o identidad de género.