Cae presunto líder de grupo de tráfico de drogas y extorsión en QRoo
CIUDAD DE MÉXICO, 16 de julio de 2026.- Somos México exige, tras la arbitraria e ilegal detención, que el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel sea inmediatamente liberado, en virtud de que considera esta acción un atropello inaudito en contra de su también consejero consultivo.
En meses anteriores, Ruffo Appel explicó detalladamente ante las autoridades y ante los medios de comunicación lo irracional e inconsistente de tales acusaciones, puesto que la empresa de la que es socio está avalada por aduanas, el SAl y la Secretaria de Energía.
Asimismo, como el propio Rufto Appel lo ha declarado, la empresa de la que es socio tiene como actividad principal los trámites y gestiones aduanales de productos que otras empresas y/o particulares quieren introducir al país”, detalló Somos México, en un comunicado.
Agrega que su relación directa es con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para los trámites administrativos y es la que certifica el tipo de producto que se introduce a México; además, que el mismo Ruffo Appel ha dicho públicamente que es la gran responsable de evitar o permitir el tráfico de huachicol.
Aun así, de manera abusiva, señala, la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, decidió arremeter contra él, mientras se hace de la vista gorda ante la contundente evidencia del fraude fiscal más grande de la historia, el tráfico ilegal de combustible perpetrado por las autoridades federales; entre ellas, la Secretaría de Marina (Semar) y varios gobernadores morenistas actualmente en funciones.
Considera que este agravio no puede explicarse de otra manera, sino como una cortina de humo que pretende distraer la atención pública del escándalo que ha generado en Baja California las grabaciones publicadas de la gobernadora Marina del Pilar y sus negociaciones al margen de la ley y la soberanía con agentes norteamericanos, admitido públicamente por ella misma.
Además, agrega, acusarlo de huachicol fiscal no sólo es un atropello a su integridad y a su trayectoria, sino un agravio y una burla hacia la sociedad mexicana por parte de las autoridades federales que buscan con acciones como ésta desviar la atención de los escándalos de corrupción y vínculos con el crimen organizados de gobernadores y funcionarios leales al régimen como Rubén Rocha, acusados pública, abierta y formalmente de vínculos con el crimen organizado y solapados y protegidos desde las más altas esferas del poder.
Lo decimos con toda claridad, los huachicoleros fiscales no están en la sociedad civil, en el sector empresarial o en la oposición. Los responsables del desfalco del más de 600 mil millones de pesos, el más grande de la historia de México, siguen operando y están protegidos desde el poder con total impunidad porque son y siguen siendo los financiadores de las campañas ilegales de Morena y sus aliados”, remata.
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