Tregua navideña, pide vicepresidenta del Senado a cárteles en Sinaloa
OAXACA, 16 de agosto, (Quadratín México).- Con una orden de aprehensión en su contra por delitos contra la salud, tráfico de armas y narcotráfico, Vicente López Jiménez, ex comisariado de bienes comunales de Santiago Amoltepec, en la Sierra Sur de Oaxaca, aseguró que es un “perseguido político” del régimen gabinista.
Salió hace unos días de Amoltepec y reconoce que vive “a salto de mata” desde que le notificaron que tiene una orden de aprehensión por delitos que asegura “jamás he cometido”.
Vicente López es uno de los aproximadamente diez personas que tienen en contra un proceso judicial por la retención de elementos de la Policía Estatal en Santiago Amoltepec y forma parte del grupo disidente del presidente municipal, Pedro Luis Jiménez Hernández.
Desde un restaurante en la ciudad, narra su versión de los hechos ocurridos en los primeros días de agosto y del porqué una parte de la comunidad está en desacuerdo con su alcalde:
“Quien fue electo fue su papá, Luis Jiménez Mata; nosotros presionamos para que lo acreditaran como autoridad municipal y finalmente lo reconocieron. Pero cuando llegó, pensó en venganzas más que en el trabajo, culpa a todos de la muerte de su padre”.
El recuento que tiene Amoltepec en el período de Pedro Luis Jiménez es de más de 20 muertos. “Todos han sido muertos por que el presidente municipal piensa que son responsables de la muerte de su padre”.
Menciona que, por ejemplo, Jaime Hernández López asesinó a Martín Yescas en presencia de varias personas “vimos cómo lo mató y estuvo detenido, a los 20 días salió libre y ahora es uno de los guaruras del presidente, está armado y nadie hace nada”.
La retención, dijo, fue para llamar la atención del gobierno y que el Congreso también revisara la situación, además de las inconformidades surgidas en el gobierno municipal por la falta de claridad en las cuentas del Ayuntamiento.
Cuando rindió su informe, comenta, dijo que el módulo de la telesecundaria de Río Ciruelo tuvo un costo de un millón 800 mil pesos, tres aulas cuyo costo se estima en 200 mil pesos cuando se eleva. “Yo lo cuestioné, de porqué ese precio, y eso no le gustó; pero yo se lo dije porque yo anduve con el finado, yo apoyé a su papá para ser presidente, igual que muchos, y nos quedó mal, elevó el costo de las obras”, expresó.
Consideró que la presencia del Ejército y de la Policía Federal en la zona no resolverá el conflicto en la población. “Lo que puede pasar es que se derrame sangre en Amoltepec y esto lo pueden evitar; históricamente eso ha pasado cuando las autoridades se niegan a dejar el poder y es lo que sucede ahora”.
Pero además, añade, pueden surgir otros movimientos que ahonde el conflicto y contamine la relación con los otros pueblos de la Sierra Sur.
Cuestiona también a la Secretaría General de Gobierno “que quiere engañar a la gente con ese acuerdo de paz entre Zaniza y Amoltepec, algo que ya estaba acordado porque me tocó a mí cuando fui comisariado de bienes comunales y lo presentan ahora para respaldar a una autoridad municipal repudiada”.
Respecto de su expulsión, asegura que fue una asamblea manipulada toda vez que este lunes entregaron los recursos de Oportunidades y las firmas que consiguieron no fue para las determinaciones que informó.
Hizo un llamado al Gobierno estatal para resolver el conflicto y evitar que la violencia resurja en Amoltepec. “Tienen que darle una salida política, no judicial como lo están haciendo, fabricando delitos”, sugirió.
En su opinión, la salida inmediata sería el nombramiento de un Concejo Municipal que integrara ambos grupos y lo presidiera alguien nombrado por el gobierno del Estado.
Responsabilizó al secretario de Asuntos Indígenas, Adelfo Regino y al secretario general de Gobierno, Jesús Martínez, de lo que suceda con sus familiares en Amoltepec “porque ellos se quedaron ahí”.
Del titular de SAI, menciona que a través de su organización, Servicios del Pueblo Mixe, asesora al presidente municipal en materia agraria y el secretario general de Gobierno “también tiene intereses en el municipio por eso protege al alcalde”.
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