Sugiere Washington inmunidad para Zedillo por Acteal

WASHINGTON, 8 de septiembre (Quadratín México).- El Departamento de Estado norteamericano envió un documento a la Corte Federal en Connecticut, donde se lleva un proceso en contra del ex presidente Ernesto Zedillo por la matanza de Acteal, sugiriendo se le otorgue inmunidad al hoy profesor de la Universidad de Yale.

En el documento, las autoridades estadunidense precisaron que el gobierno de México realizó la solicitud de inmunidad al Departamento de Estado, a la cual accedió para mantener las buenas relaciones con el país.

Zedillo trabaja actualmente como profesor de la Universidad de Yale en la ciudad de New Haven del estado de Connecticut y encara una acusación por la masacre en 1997 de 45 indígenas tzotziles en Chiapas, razón por la que sus abogados solicitaron al gobierno estadunidense la inmunidad diplomática para su cliente.

El asesor legal del Departamento de Estado había concluido que Zedillo gozaba del derecho de inmunidad para soberanos extranjeros por actos cometidos durante su administración.

La moción fue presentada la noche de este viernes ante la Corte federal por el Distrito de Connecticut.

Este viernes era la fecha límite para que el Departamento de Justicia determinara si le otorgaba o no la petición de inmunidad al exmandatario por el caso Acteal.

“El Departamento de Estado ha determinado que la alegación de la queja revela que la conducta del ex presidente Zedillo no ofrece una razón suficiente para que fuera tomada en su capacidad oficial. En consecuencia, los Estados Unidos ha determinado que el ex presidente Zedillo goza de inmunidad frente a esa demanda”, dice el documento.

El interés de Estados Unidos en este asunto se debe a una determinación gubernamental “teniendo en cuenta los principios pertinentes del derecho internacional y la aplicación de su política exterior en la conducción de sus relaciones internacionales, para reconocer la inmunidad al ex presidente de México Ernesto Zedillo”, añade.

La demanda que enfrenta Zedillo fue interpuesta en septiembre del año pasado, cuando 10 presuntas víctimas de la masacre de Acteal lo demandaron ante una corte de Connecticut, Estados Unidos, solicitando una compensación de 50 millones de dólares por los hechos.

La masacre despertó la indignación local e internacional por la justificación del gobierno federal, ya que informó que la matanza respondió a disputas entre grupos locales tras la formación del Concejo Municipal Autónomo de Polhó.

Incluso, el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayfffet, declaró que el gobierno federal no tenía responsabilidad de esos hechos, lo que le valió la renuncia a su cargo y fue relevado por Francisco Labastida.

QMex/oab