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CIUDAD DE MÉXICO, 26 de noviembre de 2018.- Michoacán tiene un grave problema de insolvencia para hacer frente a los compromisos salariales con el magisterio del estado: no hay para pagar las quincenas del mes de diciembre, ni mucho para aguinaldos.
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que no están en bancarrota, sin embargo su administración tomó la determinación de regresar los servicios educativos al Gobierno federal.
Por ello, conminó a las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Educación Pública (SEP), así como instancias competentes, a la prontitud para evitar que los niños sean quienes tengan que pagar los costos de la transición de administración y haya problemas de atención a las escuelas.
En un mensaje desde la Ciudad de México, el mandatario estatal confió en que esta misma semana se dé una respuesta oportuna, así como sentarse a dialogar con el futuro titular de la SEP, Esteban Moctezuma, y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para dar celeridad al asunto.
No sólo es el caso de la entidad, también siete estados de la República presentan este tipo de problemas de insolvencia, afirmó en la conferencia de prensa Aureoles Conejo.
En el caso particular de Michoacán, en este momento no se cuenta con recursos para el pago de la nómina, prestaciones y otros conceptos para el próximo mes por un monto de más de dos mil millones de pesos.
Aunado a esto, se adeudan bonos vencidos del año 2017 y 2018 por un monto de 620 millones de pesos y se tienen pendiente de pago ocho bonos, tres prestaciones por un monto de 872 millones de pesos, así como pagos homologados por 81 millones de pesos y 120 millones de pesos para el pago de dos mil 20 interinatos a normalistas.
La administración michoacana señaló que para regularizar el problema estructural para el financiamiento de educación se requiere un apoyo extraordinario anual por dos mil 500 millones de pesos, que a través de los años el Gobierno federal ha otorgado al estado por gestiones del ejecutivo vía la citada partida del Ramo 11, cuyo uso es para liquidar déficit en nómina estatal y compromisos adquiridos sin soporte presupuestal.
Además, transferencia de plazas estatales a la Federación, en un primer momento, de 10 mil 973 con menos de 10 años de antigüedad y que significan un costo de dos mil 111 millones d pesos al año.
Posteriormente, seis mil 42 plazas con antigüedad de 10 a 15 años y que representan un costo de mil 390 millones de pesos. Por otro lado, el pago de bonos y prestaciones ascienden a mil 21 millones de pesos, por lo que también se requiere un apoyo adicional.
El total de plazas a transferir serían 17 mil 15, con un costo total de tres mil 501 millones de pesos.