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CIUDAD DE MÉXICO, 5 de julio de 2017.- Los municipios que superan los mil millones de pesos de deuda pública, al cuarto trimestre de 2016, son: Tijuana, Baja California, con 2.7 mil millones de pesos; Guadalajara, Jalisco, 2.3 mil millones de pesos; y Monterrey, Nuevo León, 1.8 mil millones de pesos.
También, Hermosillo, Sonora adeuda 1.7 mil millones de pesos; León, Guanajuato, 1.3 millones de pesos; Mexicali, Baja California, 1.3 mil millones de pesos; Benito Juárez, Quintana Roo, 1.2 mil millones de pesos; y Zapopan, Jalisco, con 1.1 mil millones de pesos.
Lo anterior, dada la situación financiera que afrontan estos y otros municipios, la cual compromete su funcionamiento y viabilidad.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión advirtió que un número importante no cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones.
Por ello, a través de un Punto de Acuerdo presentado por el diputado de Encuentro Social, Alejandro González Murillo, se acordó exhortar a las legislaturas locales a centrar su atención en materia de obligaciones de pago de laudos condenatorios firmes en los municipios.
Según la Proposición turnada dictaminada por la Tercera Comisión de los trabajos de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, refiere que la Auditoría Superior detectó en la Cuenta Pública 2015 del estado de Coahuila, al menos 21 municipios están al borde de la quiebra.
Además, los 38 municipios de la entidad sólo cuentan con el 35 por ciento de los 596 millones de pesos que adeudan.
Por otro lado, de acuerdo a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, en Querétaro hay municipios que cuentan con 20 centavos por cada peso que adeudan.
Ante esa situación, las administraciones municipales optan por incurrir en un mayor endeudamiento público, tal como se informa al inicio.
El Congreso de la Unión relacionó el problema de la deuda de municipios con el de los pasivos laborales en todas sus vertientes, que van desde la falta de pago de las cuotas obrero patronales, hasta el incumplimiento de los laudos condenatorios firmes por falta de recursos.
A consecuencia de los problemas de deudas municipales, repercuten en la afectación de los derechos laborales de los trabajadores, al no poder obtener indemnizaciones que les corresponden o los servicios de seguridad social a los que tiene derecho.
El legislador promovente González Murillo, de Encuentro Social, puntualizó que su propuesta busca exhortar a los Congresos locales para que realicen cambios necesarios a sus respectivas legislaciones en materia de coordinación fiscal, a fin de facilitar que los municipios puedan hacer frente a sus obligaciones de pago.
En razón de que la causa principal de los conflictos laborales considera que son la inexistencia o no implementación de un servicio profesional de carrera municipal que sea capaz de dar estabilidad laboral, también propuso que los gobiernos locales implementen sistemas de Servicio Profesional de Carrera que coadyuven a resolver la problemática expuesta.