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CIUDAD DE MÉXICO, 19 de julio de 2017.- El Fiscal General de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Cen aseguró que la suspensión provisional otorgada al ex gobernador de esa entidad, Roberto Borge detenido en Panamá, no afecta el proceso de extradición, y tampoco significa que haya sido amparado contra las acusaciones que se le imputan.
«El otorgamiento de una suspensión provisional no significa que le hayan otorgado un amparo, ni siquiera la definitiva, la resolución del amparo, eso, se programa en lo que llamamos la audiencia constitucional. Somos respetuosos de la defensa que cada uno de ellos pueda realizar (…) Cualquier ciudadano mexicano pudiente o no, tiene el derecho de ejercer su derecho de defensa», sostuvo.
Entrevistado en San Lázaro, al término de la reunión que sostuvo con la Comisión Especial de Seguimiento a Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación en la Cámara de Diputados, el Fiscal refirió que el proceso de extradición podría darse, máximo, en el próximo mes de febrero.
En ese sentido detalló que el primer plazo de 60 días que tienen para cumplimentar los requerimientos ante las autoridades federales, concluye en los primeros días de agosto; afirmó que han «cumplido cabalmente» acudiendo a las instancias federales correspondientes para completar todas y cada una de sus carpetas.
«El plazo está corriendo, a principios del mes de agosto deberá terminarse y nosotros ya cumplimos nuestra parte y se iniciará ese proceso de extradición. Esperamos posiblemente que entre diciembre, enero, máximo febrero, estaríamos terminado este proceso de extradición contra el señor Roberto Borge», sostuvo.
Pech Cen explicó que aunque la extradición puede ser voluntaria, la ley marca, con base en los convenios internacionales en la materia, todos los requisitos que se tienen que cumplir para los casos de asuntos de orden criminal, «como el que tiene en este momento el estado de Quintana Roo».
Enfatizó que tienen elementos sólidos para poder tipificar los delitos, sin embargo, no especificó cuáles son éstos debido a que son parte de la investigación pero son con los que demandarán la extradición.
«No puedo decir cuántos delitos son, es parte de la secrecía, lo que puedo decir es que, en efecto, el Código Penal para el estado de Quintana Roo nos habla de que estos delitos, la mayoría, por no decir todos, no son de prisión preventiva oficiosa, ya que lo que atañe a delincuencia organizada es un delito de orden federal, donde sí se clarifica el manejo de la delincuencia organizada», puntualizó.