Poder y dinero/Víctor Sánchez Baños
Rogelio Ramírez de la O trata de poner sensatez.
En muchos sentidos.
El primero: es imprescindible mandar un mensaje de cordura a los mercados, nacionales e internacionales, y ello pasa por respetar plenamente al Poder Judicial de la Federación.
La sugerencia del secretario de Hacienda y Crédito Público está centrada en la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara, donde se prevé anulación parcial de la reforma oficialista.
Los once ministros han sido convocados a sesionar el martes próximo, cuando acaso ya sus decisiones carezcan de trascendencia porque la sociedad gobierno/morena/pt/verde habrá anulado sus discusiones y juicios.
Para esa fecha, por su tardía reacción, su posición valdrá tanto como un cero a la izquierda.
Es fácil deducir: la alianza referida legisla sin análisis ni reflexión ni argumentos en el Congreso federal y en los congresos estatales, la mayoría con dominio morenista.
Pese a esas premuras, Claudia Sheinbaum dibuja esperanzas.
Esperemos la decisión de la Corte, exhorta mientras la maquinaria gubernamental acelera por todos lados, en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, en los legislativos locales.
Sin disidencia y sin reflexión, es orden.
Así lo dejó establecido Andrés Manuel López Obrador y así se ejecutan sus decisiones como hemos visto en el proceso legislativo del primer mes de la nueva administración, pero con un programa conformado por las iniciativas de reformas del 5 de febrero pasado.
¿NUEVA REFORMA FISCAL?
Pero hay un choque con la realidad.
Precisamente el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, no encuentra recursos en las arcas para cubrir las múltiples y crecientes necesidades del nuevo gobierno.
La ortodoxia y los compromisos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional obligan a reducir el gasto federal del año próximo -cinco por ciento, dijo ayer la presidenta- y eso compromete cientos de miles de plazas de servidores públicos.
¿Medio millón, 750 mil?
Por ahí anda el cálculo.
Son asesores -¿no que estaban prohibidos desde el inicio del obradorato?-, empleados de confianza, eventuales y trabajadores ordinarios sin plaza fija aunque lleven muchos años.
Ellos deben irse para dejar espacio al personal de los nuevos secretarios de Estado y directores de organismos descentralizados, pero es necesario erogar una supermillonada.
Y no hay fondos, advierte Ramírez de la O.
En eso está entrampado el nuevo gobierno, cuya titular para colmo ha anunciado nuevos programas -becas a universitarios, apoyos a mujeres sesenteras- sin sustento fiscal.
Gran problema sin solución a la vista… salvo reforma fiscal.
QUINCENAS Y AGUINALDOS
Vale la pena destacar un ahorro.
Aunque se han registrados gastos inesperados y ello incluye los 14 mil 500 pesos a cada uno de los burócratas sindicalizados, el personal federal debe estar tranquilo.
La nómina y los aguinaldos están garantizados porque se incluyeron en el presupuesto de egresos y, a pesar de los desembolsos electorales para aceitar la maquinaria morenista, se hizo la reserva en tiempo y monto.
Insistimos: hoy el problema son quienes no tienen base y hay dos salidas: o renuncian voluntariamente o esperarán partidas especiales de liquidación.