Teléfono rojo/José Ureña

Es cuestión administrativa

· La transición no puede consumarse y tardará muchos meses
· Leyes, burocracia, nombramientos… pendientes para un año
· Trife: cacería contra Ojesto Martínez, indiscreción de Vargas

No se han dado las reformas legales y a causa de eso la transición no puede culminar en gran parte de las áreas del gobierno federal.

No es una situación menor.

Involucra a la mayoría de las secretarías de Estado, las empresas gubernamentales, las dependencias sujetas a control central.

Veamos: ¿qué sucede?

Simple.

Así como Paco Ignacio Taibo II acudió a asumir la dirección del Fondo de Cultura Económica (FCE) sin estar acreditado, otros funcionarios designados mediáticamente han incurrido en la misma falta.

Llegan, quieren tomar posesión de subsecretarías, oficialías mayor, direcciones generales y otros cargos relevantes, pero no llevan el nombramiento correspondiente.

En consecuencia, son rechazados.

Y no solamente por viejos funcionarios, esos herederos del neoliberalismo condenado por Andrés Manuel López Obrador y en consecuencia sin ninguna posibilidad de continuar en sus puestos.

Tómelo como con reservas por la imprecisión del registro, no como un desastre con graves efectos para la república, pero suman cientos y tal vez miles de casos.

A ESPERAR… TAL VEZ HASTA UN AÑO

Esto deriva en un gobierno disfuncional.

Claro, mientras todo se pone en orden, pero dadas las condiciones esto llevará tiempo.

Veamos:

Está en curso la reforma a la Ley Orgánica de Administración Pública Federal y eso llevará tiempo, será necesario esperar un tiempo y esperar la observancia de todas las dependencias públicas.

Mientras esto no suceda, todo está en el limbo

Vea usted:

Algunos secretarios o subsecretarios han mandado a colaboradores suyos a tomar posesión de dirección generales o de área con solamente su voluntarismo de apoyo.

-¿Y tu nombramiento?

-Pues no lo traigo.

-Lo siento. Pídelo y regresas.

Y así van, documentan los representantes de la contraloría interna y de la todavía vigente Secretaría de la Función Pública (SPF), a quienes se les denomina “testigo de asistencia”.

Y si no hay aval de esos órganos de control, todo queda todavía en el aire.

Peor aún:

Como luego de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal deberán venir reglamentos internos y manuales de organización de procedimientos, pues va para largo.

Y de aquí a que los nuevos funcionarios se sientan y se asientan, estamos hablando de meses de retraso o tal vez de diez a un año de distancia de ver al nuevo gobierno federal en pleno funcionamiento.

TRIFE: VARGAS Y LA DOBLE MORAL

Por decoro, por tradición y hasta por respeto a la política y a la legislación, el magistrado José Luis Vargas debiera abstenerse de participar en la discusión sobre las elecciones en Puebla.

Recuerde usted: en 2000 José Fernando Ojesto Martínez era presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y escuchó a testigos del proceso de Tabasco.

Ninguno de ellos vio anomalías y hasta perredistas hablaron de un conflicto armado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo cual narró en una declaración.

La izquierda se le fue encima y él se abstuvo en aquella anulación.

Hoy José Luis Vargas quiere anular Puebla para prolongar su permanencia en el Tribunal con favores a Andrés Manuel López Obrador y al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

¿Quién lo va a frenar?

¿Doble moral en el Trife?