Teléfono rojo/José Ureña

• Examen a la política social y los pleitos entre Inegi y Coneval
• Convocatoria a Los Pinos para unificar criterios en estadística
• Piden protección tres mil empresas de la industria petrolera

El tema dominante de la próxima semana debiera ser la política social.

Debiera, porque impacta a toda la sociedad y en especial a los más pobres, pero los escándalos se han apropiado la agenda nacional y quién sabe cuáles sean los de los próximos días.

Pero hablemos de nuestro tema.

El lunes próximo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) deberá publicar sus estudios sobre la pobreza y horas o días después vendrá el análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En condiciones normales, se trataría de cifras simples con las cuales la población tendría elementos para enjuiciar si la asistencia del Estado ha sido útil en el combate a la marginación y a la incorporación de los marginados.

Pero hay un mal antecedente.

Hace un año cada organismo dio sus números y, como hubo diferencias en instrumentos y criterios de medición graves, el Coneval de Gonzalo Hernández acusó al Inegi de Julio Alfonso Santaella -16 de junio de 2016- por violar convenios de colaboración.

Además de medir mal la pobreza, hubo opacidad en las estadísticas, señaló.

Reunión en Los Pinos para evitar escándalos

Los informes pendientes tienen en alerta al gobierno federal.

En la administración de Enrique Peña se temen, una vez más, señalamientos de incrementos en la marginación porque mostraría un fracaso de los programa oficiales y en especial de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de Luis Miranda.

Por esa razón ayer hubo un encuentro privado en la residencia presidencial de Los Pinos con el objetivo único de conocer la metodología del Instituto y del Consejo, a donde acudieron Gonzalo Hernández, Alfonso Santaella, altos funcionarios de Sedesol y por supuesto representantes de la oficina de Francisco Guzmán.

Ojo: no se adelantaron cifras, no se emitieron juicios.

Simplemente fue para no repetir los pleitos de hace un año y sobre todo las dudas generadas con esas acusaciones sin sentido.

El gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo especial empeño en incorporar muchos factores multidimensionales según los cuales hay avances sustantivos para ofrecer un mapa objetivo.

Algunos: aumento en empleo, mayor cobertura de salud, incremento en la población escolar, abasto de leche en los municipios más marginados –Leche Industrializada Conasupo (Liconsa) la ofrece a peso el litro y en lugares como Oaxaca el gobierno del estado absorbe ese costo-–y suministro de básicos en todo el territorio.

Nueva metodología para dar cifras más objetivas, me dijeron funcionarios consultados.

Piden protección 3 mil empresas petroleras

Todo México ha volteado al robo de combustible por ser un problema nacional.

Pero atrás de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la ordeña de sus ductos, de las bandas de huachicoleros y la incursión del crimen organizado, hay un sector desatendido por las autoridades.

Son más de tres mil empresas relacionadas y afectadas por esas bandas.

Así llegaron Erik Legorreta y Eduardo Arratia, dirigentes de la Asociación Meixcana de la Industria del Petróleo (Amipe), hasta la Procuraduría General de la República (PGR) y su titular Raúl Cervantes prometió atender sus quejas.

La coordinación comienza y hay mucho trabajo

Uno: muchas compañías no pueden acceder a sus pozos e instalaciones –Tabasco es el mejor ejemplo- por renta de piso, cobro de protección y otras prácticas delincuenciales si no pagan grandes sumas.

Hablamos de Tabasco, uno de los estados con mayores problemas de seguridad pero no el único.

José Ureña, columnista de 24 Horas