Teléfono rojo/José Ureña

• Seguridad: la federación reta a estados y municipios
• Cientos de miles de millones para policías desviados
• El campo mexicano y su nuevo paradigma financiero

El gobierno ha tendido un nuevo a la oposición.

Puede entenderse como el costo inicial de, por fin, sacar una Ley de Seguridad Interior para reglamentar la colaboración de las Fuerzas Armadas en labores de vigilancia.

O un paso para regresar la responsabilidad de vigilancia a estados y municipios en aras de rescatar el prestigio de soldados y marinos.

A los datos:

Las propuestas opositoras, en especial el Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigen el inmediato retiro del Ejército y la Marina en calles de ciudades y pueblos.

Quieren su acuartelamiento ya, posición en la cual coinciden los secretarios Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón, quienes han elevado paulatinamente el reclamo de la nueva ley.

-Pero no es posible –ha contestado el gobierno a los opositores–, simple y llanamente porque las autoridades estatales y municipales no tienen policías preparadas para seguridad pública.

Unos 400 mil agentes de distintas corporaciones con el incumplido propósito de proteger a la población y, por el contrario, con frecuencia convertidos en socios de la delincuencia.

Desvíos y burocracias sin seguridad

Contra los dichos públicos, las negociaciones no avanzaban.

La oposición, dedicada a capitalizar la seguridad contra el gobierno de Enrique Peña, no quería ceder en varias de sus exigencias, como esa de acuartelar a las milicias cuanto antes.

Ante la disyuntiva, la administración federal decidió incorporar a estados y municipios y por eso el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabeza el esfuerzo por obligarlos a cumplir sus responsabilidades constitucionales.

Al anuncio hecho ante los senadores priístas de Emilio Gamboa Patrón, seguirán otros pasos a fin de formar por fin policías capacitadas para poder retirar a las Fuerzas Armadas de la seguridad pública.

Los perdedores pueden ser las autoridades locales.

Por ejemplo, ¿cómo van a justificar haber recibido cientos de miles de millones en años pasados para construir instalaciones, comprar armamento, formar y equipar policías?

Un mundo de dinero mal empleado.

Para dar idea: en un solo programa, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el año pasado se canalizaron siete mil millones de pesos.

¿Pero qué pasó?

Los gobiernos los dedicaron a gasto corriente, a comprar vehículos para funcionarios, a aumentar la nómina o para obras públicas, mas no para formar y equipar policías.

Nuevo paradigma financiero rural

Al comenzar el sexenio, Luis Videgaray quiso cambiar el esquema de apoyo crediticio gubernamental al campo.

Encomendó su diseño a Juan Carlos Cortés, ex presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y así surgió la Financiera Nacional de Desarrollo.

-Ahora dirígela –le pidió.

Acordaron dos años.

-No te vayas todavía. Quédate al menos medio año más.

Así se prolongó la dirección de Cortés, quien el martes entregó el cargo a Mario Cortés, otro afín a la dupla Luis Videgaray-José Antonio Meade.

Hoy el campo es puntero en el desarrollo y en algo habrá influido incrementar de 35 a 63 mil millones de pesos los créditos a través de esa financiera ideada y reestructurada por el empresario poblano.