Teme que asesino de su hija sea liberado y cometa más homicidios

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de julio de 2017.- Alondra tenía problemas con un grupo de jovencitas de su mismo salón. Un día, Pedro provocó una riña entre ellas donde resultó muy golpeada, la grabó y subió a Facebook. Nunca imaginó que el mismo que la incitó a pelear fuera quien la asesinara.

Emigdia N, una comerciante de San Juan Teotihuacán, Estado de México, todavía no se hace a la idea de que la única mujer de sus cinco hijos ya no esté con ella desde hace casi 20 días.

Apenas el 15 de junio fue cuando dio por desaparecida a su hija, un día muy triste en su vida al confirmar que había sido acuchillada.

Alondra N, de 14 años de edad, y Pedro Andrés N, de 17 años, eran compañeros del mismo grado en una secundaria de Santiago Zacualuca, localidad situada en ese municipio mexiquense.

Tras la pelea escolar, Emigdia presentó una denuncia que ya no prosiguió, pues el director de la escuela citó a los padres de los involucrados para conciliar y llegar a un acuerdo.

Pedro accedió a bajar los videos grabados y subidos a la popular red social.

Hoy, Emigdia se arrepiente en ese entonces de no haber dado seguimiento al proceso penal.

“Lo dejé y ya no hice nada. Pensé que con este problema mi hija ya no tendría ninguna relación con él, pero por lo mismo de que iban en el mismo salón siguieron con la amistad”, lamenta con voz entrecortada.

Pedro siguió viendo a Alondra, mantuvo contacto con ella. La invitó a salir y, “pasó lo que pasó.”

Apenas puede hablar del caso, pero se arma de valor y afirma a Quadratín México: “La asesinó con una navaja, en la parte de su cuello, la apuñaló 12 veces”, según lo que ella sabe.

La niña Alondra fue violada, después decapitada y abandonada en un lugar público rumbo a héroes de Tecámac, en Tecámac, Estado de México.

El feminicida ya se encuentra preso, pero su sentencia condenatoria fue por el delito de homicidio simple, no por feminicidio, comenta en entrevista con esta agencia de noticias.

A Emigdia le dijeron que debido a que Pedro todavía es menor alcanza a estar encarcelado hasta su mayoría de edad. Por eso, acudió a pedir ayuda al Senado de la República para ver la manera que no salga.

El joven es probable responsable de más feminicidios, otros casos de mujeres que han muerto de la misma manera. El hecho de ser un asesino potencial de mujeres preocupa doblemente.

De acuerdo al artículo 325 del Código Penal Federal, se señala que comete delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género.

“Asesinó a mi hija y saldrá libre”, reclama quien a pesar de su corta estatura y escuálido cuerpo enérgica exige una condena justa.

Según sabe, el mismo feminicida vende droga. “Me comentan varias personas que lo están ayudando para que no se sepa el negocio que tenía o tiene”, expone.

Aunque teme represalias hacia sus demás hijos, la señora piensa seguir levantando la voz para hacer justicia por Alondra, pues asegura que hay inconsistencias en los Ministerios Públicos del Estado, donde llegan casos muy graves y los minimizan. “Ya terminó con la vida de mi hija e hizo lo que quiso”, remata.

“Parecieran que no quieren tener una tasa de índice alto en feminicidios y maquillan las cifras”, interrumpe el líder de los comerciantes quien acompaña a la señora Rivera Soto.

En causa común, la líder del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna, escuchó su caso, la apoyará y brindará orientación legal para que el asesinato de Alondra sea turnado hasta las últimas consecuencias.

Junto con la diputada Maricela Contreras Julián y la secretaria de Equidad y Género del Comité Ejecutivo Estatal, Selina Trujillo Arizmendi, exigieron el cese al hostigamiento y la criminalización tanto a la familia, como a las compañeras de Alondra.

Sobre todo, las legisladoras reclamaron que las mujeres sufren de estos hechos en una entidad que más feminicidios presenta, incluso actualmente por encima de lo que fue Ciudad Juárez, en Chihuahua.

Las perredistas urgieron que el protocolo de feminicidio sea aplicado en el Estado de México y que las autoridades estatales y federales cumplan con la obligación de garantizar la justicia para Alondra.

La diputada Maricela Contreras solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para realizar una investigación profunda de este caso y que sean dictadas las medidas cautelares hacia la familia y hacia las compañeras de Alondra, quienes están siendo presionadas, amenazadas y hostigados por las propias autoridades para que otorguen el perdón.

“Esto no lo podemos admitir, ni permitir”, advirtió.