Temen jueces pronunciarse en amparos, reclama Alejandro Moreno 

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de julio de 2022.- En los próximos días, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció el inicio de una gira internacional para denunciar al Presidente de la República y su gobierno de Morena por la persecución política y negarle el acceso a la justicia, así como actos corrupción y antidemocráticos.

El líder del tricolor acudirá a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), así como a la Comunidad Europea para dar a conocer la campaña de odio y denostación sistemática en su contra

Alito Moreno consideró que la persecución política de la que es parte sobre pasa todo límite legal y constitucional de las atribuciones, que pretende dañar al PRI, a su persona y a su familia. 

La intención de Morena y del Gobierno es silenciar violentamente cualquier voz que comulgue con la democracia, con la libertad y con los derechos, sin bochorno y a manos llenas valiéndose de los recursos públicos. 

En conferencia de prensa, denunció que a la fecha no se ha dado trámite al amparo que interpuso para inmediatamente cesaran las declaraciones, manifestaciones y comentarios por parte de la gobernadora Layda Sansores. Sin embargo, el juez se declaró inompetente y ordenó turnarlo a un juzgado de Campeche, donde avizora que el juez segundo de Distrito en el estado, Édgar Martín Gasca de la Peña, lo volverá a rechazar.

Afirmó que hasta este lunes se le ha negado el acceso a la justicia, pues ningún Juez federal se ha atrevido a analizar la procedencia de su demanda. Y con preocupación, calificó de increíble que la gobernadora Sansores advierta que mientras no sea notificada con un amparo, ella seguirá difundiendo “audios ilegales, información calumniosa”, que no solo pone en riesgo mi honra y a mi familia al recibir amenazas de muerte.

“Es un símbolo de la profunda intolerancia de Morena y del gobierno contra cualquier postura disidente, intolerancia absoluta incompatible con los principios democráticos elementales que deberían regir a un Estado de derecho”, afirmó sobre la gobernadora Layda Sansores.

“La Libertad de Expresión de las y los gobernados oponible al poder público, no es como lo mal entiende la gobernadora un instrumento del poder público para atacar a los gobernados; mi caso, al margen de todas sus particularidades, debe de ser ejemplar”, agregó.