Tomás Yarrington demandará juicio político contra la ex procuradora Marisela Morales

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de enero (Quadratín México).- Sin amarres políticos, toda vez que incluso el PRI se deslindó de él cuando comenzó la persecución en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado, Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador de Tamaulipas, reemprendió su defensa y determinó demandar juicio político contra la ex procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez.
La demanda de Yarrington será presentada por sus abogados –hacia el mediodía de este lunes–  ante Mauricio Farah, secretario General de la Cámara de Diputados, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

El ex gobernador tamaulipeco responsabiliza a Morales Ibáñez de haber utilizado a la Procuraduría General de la República (PGR) con fines políticos y personales para lincharlo y exhibirlo mediáticamente ante la opinión pública como un delincuente.
Pero se acabó el sexenio de Felipe Calderón, en el que Marisela Morales gozó de inmunidad e impunidad; hoy, una de sus víctimas demanda justicia con pruebas de sustento. Conforme con el artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la solicitud de juicio político contra un ex funcionario público puede ser interpuesta ante la Cámara baja hasta un año después de que éste haya concluido su gestión.
Así, en tiempo y forma, el abogado Marco Tulio Ruiz Cruz quien, junto con Everardo Cabrera y Elisur Arteaga Nava, integra la defensa del ex gobernador de Tamaulipas, dijo en entrevista que la demanda de juicio político contra Morales Ibáñez se fundamenta en que, como titular de la PGR, incurrió en violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos y las garantías de Yarrington “y en atención a que redunda en perjuicio de la procuración de justicia y, en consecuencia, del Estado mexicano”.
Además, dijo Ruiz Cruz, la conducta de la ex procuradora implica responsabilidades penales, de forma tal que mediante el juicio político se le debe inhabilitar para ocupar otro cargo público. Y existen pruebas documentales de sustento, como marca la ley.
Los hechos en que se sustenta la denuncia son por el quebranto a la procuración y administración de justicia porque se utilizó a la PGR para fines ajenos a aquellos que le son propios, socavar al PRI bajo imputaciones a tres ex gobernadores de su filiación (Tomás Yarrington, Manuel Cavazos Lerma y Eugenio Hernández Flores) de haber cometido delitos de delincuencia organizada, narcotráfico y lavado de dinero.
Otro argumento que consta en el documento de demanda de juicio político y como hecho destacado, es que en conferencia de prensa la entonces procuradora Marisela Morales informó a los medios de conunicación que se había ejercitado acción penal en contra de Yarrington y el juez que tuvo conocimiento de la consignación había librado orden para aprehenderlo por narcotráfico, por lo que incluso la Interpol lo buscaba en diversos países.
Pero, ocurre que todo, en términos de lo que dispone la ley, está bajo la tutela de la secrecía para no entorpecer la persecución de los delitos y la misma administración de la justicia.
También se imputa a Morales Ibáñez la práctica de cateos sin orden judicial y, en el extremo, que habiéndole negado una solicitud de cateo para un domicilio en concreto, omitió ese “pequeño” detalle y volvió a solicitarlo ante diverso juez, adecuándose este hecho a conductas que se encuentran contempladas en la ley como delito.
El equipo jurídico de Tomás Yarrington Ruvalcaba citó a las once de la mañana de este lunes en la oficina de la Secretaría General de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro..

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