
Propone Ana María Ibarra justicia sin elitismos y con sentido ético
CIUDAD DE MÉXICO, 13 de mayo de 2025.- Con el propósito de fortalecer el acceso a la justicia electoral y la inclusión de comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad al ejercicio de sus derechos político-electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) acordaron refrendar su cooperación bilateral, en el marco del memorando de entendimiento que suscribieron desde 2023.
La magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto Fregoso, y el representante residente en México del PNUD, Lorenzo Jiménez de Luis, coincidieron en la necesidad de continuar los esfuerzos conjuntos para dinamizar la vinculación regional e internacional, fortalecer las alianzas y promover la construcción de plataformas de diálogo y de difusión de buenas prácticas, compartir experiencias exitosas y difundir el conocimiento en materia de justicia electoral.
Al revisar los resultados que ha tenido el memorando de entendimiento firmado por el TEPJF y el PNUD en 2023, destacaron el impulso que han dado a la tutela efectiva de los derechos político- electorales de los pueblos y comunidades indígenas, el cual ha sido una constante en la cooperación entre las dos instituciones.
Además, se han enfocado en generar espacios para el intercambio de experiencias internacionales comparadas y la elaboración e implementación de iniciativas para la inclusión, participación y representación política de las comunidades y grupos vulnerables.
Al refrendar el compromiso del TEPJF para continuar la cooperación con el PNUD, Soto Fregoso afirmó que el Tribunal pone a su disposición sus criterios relevantes y jurisprudencia, particularmente la relacionada con un enfoque transversal de género, de interculturalidad e interseccionalidad, que han permitido a las mujeres y a otros grupos en situación de atención prioritaria mejorar su estatus de derecho y de participación política en México.
Los funcionarios acordaron designar a representantes de ambas instituciones para definir y emprender nuevas acciones y líneas de trabajo relacionadas con el acceso a la justicia electoral, el ejercicio de los derechos político-electorales, así como el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con una visión internacional.