Es necesario frenar el tráfico ilegal de armas: Congreso

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de julio (Quadratín México).-El Congreso analiza que México dé su respaldo al Tratado Internacional para Regular el Comercio Global de Armas (ATT, por sus siglas en inglés), a fin de frenar la venta ilícita que ha derivado en el tráfico incontrolable de 640 millones de armas en el mundo.

Al respecto, el diputado Carlos Flores Rico estableció que México es uno de los países más afectados por el tráfico clandestino de armas, particularmente en el marco del combate al narcotráfico, por lo que existe una obligación moral para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exprese su beneplácito y apoyo a la adopción del ATT, que se discute en Nueva York, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas relativa al Tratado sobre el Comercio de Armas.

El legislador priísta refirió que de acuerdo a la organización de derechos humanos Amnistía Internacional existen cerca de 640 millones de armas convencionales, cuyo tráfico es incontrolable, entre las cuales destacan pistolas, granadas, subametralladoras, fusiles y lanzagranadas.

Por su parte, la Red Internacional de Acción sobre Armas Ligeras estima en su informe del 2007 que existen 875 millones de armas, 74 por ciento de ellas en manos no autorizadas, por lo que considera que el número de armas civiles supera tres a uno a las gubernamentales. Sólo 800 mil son destruidas anualmente por las autoridades.

El también presidente de la Comisión de Desarrollo Social destacó que en el mundo circulan alrededor de 650 millones de armas, casi el 60 por ciento en  manos de civiles y 750 mil personas mueren cada año a causa de la violencia en su uso.

El legislador agregó que el comercio de armas arroja ganancias de entre 60 mil y 70 mil millones de dólares anuales y se fabrican 16 mil millones de municiones, es decir, más de dos balas por cada ser humano.

El ATT es una iniciativa para regular la importación, exportación y transferencia internacional de armas convencionales, buscando con ello evitar muertes de personas en consecuencia del comercio no regulado o de la desviación al comercio ilícito, informó el legislador.

La iniciativa, precisó, no pretende prohibir el comercio de armas ni su fabricación, pero sí establecer internacionalmente criterios que disminuyan los riesgos de que se desvíen hacia un mercado ilícito o que contribuya al desplazamiento de personas, la delincuencia organizada y el terrorismo.

El punto de acuerdo sustenta que el comercio mundial de armas convencionales aumentó un 24 por ciento entre el 2007 y 2011.

Estima que la producción global anual para armas pequeñas de especificación militar es de 10 a 14 mil millones de unidades, y entre 27 y 28 millones de cartuchos al día.

Según el informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), tan sólo el Continente Americano experimentó un aumento del 61 por ciento en sus importaciones de armas, con Estados Unidos como principal comprador.

En contraste, el Boletín de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés), reporta que el inventario de armas provoca anualmente 200 mil muertes, 42 por ciento de esos decesos ocurren en América Latina y el Caribe.

En la última década el número de empresas que producían, importaban o exportaban armas pequeñas, municiones y equipo, pasó de 300, en 1998, a 600 en 2001; y a mil 249 en 2004, mismas que fabrican 8 millones de armas al año.

El documento detalla que 92 países producen armas de todo tipo y magnitud, entre los que destacan Rusia, Ucrania, China, Estados Unidos de América, Gran Bretaña y Francia.

En cuanto a las municiones para armas pequeñas y ligeras destinadas a fuerzas militares, de seguridad, policiales y al mercado civil, al menos, 76 países las producen.

Sin lugar a dudas, estamos frente a una excelente oportunidad para poner freno a una actividad que frecuentemente amenaza la economía y la situación social de los países que sufren su embate violento, agregó Flores Rico en su punto de acuerdo que analiza la Segunda Comisión de la Permanente.

Sin embargo, creemos que el gobierno de México debe incluir, en su posición negociadora, una responsabilidad compartida, vinculante entre los países exportadores, importadores y de tránsito, debiendo informar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre los avances de las negociaciones, concluyó.

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