Tramposa maniobra del Gobierno para ocultar corrupción de Tren Maya: PAN

Al declarar la construcción del Tren Maya como un asunto de seguridad nacional, el gobierno busca ocultar gasto público y evitar cumplir las normas ambientales, dándole la vuelta a los amparos judiciales promovidos por organizaciones de la sociedad civil, quedó absolutamente claro que para este gobierno autoritario lo único que importa es que se haga la voluntad de quien ocupa Palacio Nacional.

Así lo expresó el dirigente Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien advirtió que a este gobierno morenista no le importa incumplir las normas de protección al medio ambiente, ni incurrir en desacato, ni gastar tres veces más el dinero público en su proyecto indefendible en los tribunales.

“Además de incurrir en desacato al Poder Judicial y burlarse de los mexicanos, la tramposa maniobra del gobierno de López Obrador es para ocultar toda la corrupción que hay detrás del Tren Maya. Esta obra no tiene nada que ver con la seguridad nacional del país, solo es un capricho más del presidente, como ocurrió con el aeropuerto de Santa Lucía que no les importó si funcionaría o no”, manifestó.

Cortés Mendoza aseguró que, con esta acción, una vez más López Obrador mandó “al diablo” las instituciones, al no respetar el amparo concedido por un juez para frenar las obras del Tren Maya ante la inobjetable destrucción de la flora y fauna en el tramo 5 de la obra.

En este sentido, el presidente Nacional del PAN expresó su respaldo y defensa a los jueces que están concediendo los amparos para proteger nuestro medio ambiente.

“En Acción Nacional expresamos nuestro respaldo a las comunidades y organizaciones ambientalistas, a los jueces que han escuchado a la sociedad y que con la ley en la mano han otorgado los amparos para detener la destrucción del medio ambiente y para cuidar la biodiversidad existente en el tramo 5 del Tren Maya. Denunciamos la gran arbitrariedad y artimañas del gobierno para evadir la justicia. Son inaceptables las presiones a la Corte y al Poder Judicial, así como las argucias legales para imponer la voluntad del presidente”, detalló.