Transformando/Lourdes Sierra Arenas

La reforma laboral que afecta al TLC

El proyecto de Ley del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales, presentado por los senadores priistas Isaías González Cuevas y Tereso Medina Ramírez, el pasado  diciembre, lejos de impulsar un mejor ambiente entre los negociadores de México, Estados Unidos y Canadá del TLC, ahondó la discrepancia en torno a la política laboral mexicana, ya que para el fuerte sindicato estadunidense AFL-CIO, la eliminación de las restricciones a las empresas para contratar empleados vía “outsourcing”, disminuirá aún más los salarios y provocará mayor migración de trabajadores territorio estadounidense. La reacción: modificaciones del documento en las comisiones respectivas, para presentarse, así se pretende, en el pleno del Senado de la República en la presente semana.

¿En qué sentido vienen las modificaciones? Se desconoce, pese a la búsqueda al respecto con los senadores referidos y sus equipos de trabajo. Pero lo que sí es claro es podría calificarse que es el trabajo más rápido emprendido en comisiones, ya que el proyecto se presentó apenas el 7 de diciembre, cuando “los motores ya estaban encendidos para el festejo de las fiestas navideñas”, entre la sociedad mexicana, y ya se tienen modificaciones. El punto es que se pretende presentar el proyecto antes de que se termine el actual periodo de la Cámara Alta, curiosamente en forma paralela al inicio de la Sexta Ronda de negociaciones del TLC, en Montreal, Canadá, en donde ya trabajan los equipos encabezados por el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, el secretario de Economía de México,  Ildefonso Guajardo, y Chrystia Freeland, Ministra de Asuntos Internacionales de Canadá.

Esta ronda de negociaciones fue recibida con un “fuerte batazo” por parte del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la aplicación de aranceles a la importación de lavadoras de gran tamaño y componentes de sistemas de energía fotovoltaica. México es un fuerte exportador de lavadoras, un rubro que siempre destacó el Dr. Jaime Serra Puche,  como Secretario de Comercio y Fomento Industrial, y emprendedor de las negociaciones del TLC.

La acción enrarece más el ambiente de negociación que en sí misma, es complicada por el tema de la política salarial mexicana cuestionada fuertemente tanto por Jerry Días, líder sindical de la canadiense Unifor, quien también participa como apoyo en las negociaciones, como por el estadunidense Richard Trumka, presidente de la AFL-CIO, quien en una carta dirigida a Robert Lighthizer, externó,  con relación al proyecto de Ley del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales,  que: “limitaría la libertad de asociación y promovería el trabajo precario, lo que probablemente reducirá aún más los salarios mexicanos y alentará una mayor externalización de empleos estadounidenses y canadienses”, reportó El Financiero, en una nota periodística.

Si bien la posición mexicana a través de Ildefonso Guajardo, fue no incluir la negociación del salario mínimo, lo cual quedó demostrado con el reciente aumento a $ 88.00 diarios a finales del año pasado, el reclamo de la administración Trump implica la adopción de estándares internacionales en materia de salarios mínimos, horarios laborales, seguridad y salubridad, además de procesos judiciales justos, para mejorar las condiciones laborales de los socios del TLCAN.

La iniciativa de Ley presentada por Isaías González Cuevas y Tereso Medina Ramírez el pasado 7 de diciembre, por lo menos resulta lo contrario a lo planteado por las contrapartes negociadoras, como ya lo dejó expuesto Richard Trumka.

Incluso podría decirse que resulta complicada y poco confiable tanto para los empresarios como los trabajadores, ya que contempla una función conciliadora como primera instancia en la resolución de conflictos. El conciliador será una persona que tenga “conocimientos generales de derecho y específicos en materia laboral; análisis y resolución de controversias; gestión de conflictos y actitudes en la función conciliadora”.

Si en dicha fase no hay solución, la instancia emite un documento que será requerido por el tribunal para entonces resolver el asunto con documentación, y asesoría de personal que deberá contar con cédula profesional. El documento, no es medio probatorio de lo vertido y reconocido “en el dialogo entre las partes”; lo que podría representar una desventaja para alguno de los involucrados. Entre otros aspectos.

El problema es que si bien los priistas en este punto pretenden agilizar los procedimientos, en la realidad el mecanismo ha resultado un verdadero problema en las disputas legales. Basta con analizar lo que sucede al respecto con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, en donde los “conciliadores” no están preparados,  no se llega a acuerdos, y se prolongan los juicios porque el demandante tiene que regresar al ministerio público donde tampoco no hay capacidad de los mismos para el tratamiento de temas como “violencia de género”. Ejemplo de ello, es lo que sucede en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Iztapalapa, Coordinación Territorial IZP-5, Unidad Acusatorio Sin detenido.

Es evidente que la política laboral ha resultado contraproducente para el propio crecimiento económico del país, como lo refleja la caída del consumo interno por la incapacidad salarial, como se ha reportado en anteriores columnas.

Incluso, pretender mantener la competitividad como país con bajos salarios para atraer inversión extranjera, tampoco ya no resulta. Por ello, sería una muy buena noticia que los cambios en el proyecto de Ley del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales, de  los senadores Isaías González Cuevas y Tereso Medina Ramírez, y su posible aprobación –si así lo determinas la mayoría-, contribuyan al verdadero fortalecimiento del ingreso de la clase trabajadora y de las empresas en el país, para contribuir a salir de la delicada fase económica por la que atraviesa.

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**Consultora en comunicación y fans del desarrollo humano.