Transformando/Lourdes Sierra Arenas

El pernicioso avance de la violencia

Lejos de retroceder por la implementación de políticas públicas y campañas de organizaciones de la sociedad civil, la violencia en contra de las mujeres avanza en forma perniciosa desafiando paradigmas de que el desarrollo económico y el avance jurídico en derechos humanos y equidad de género son la solución. Así lo mostró el hecho de que 30.7 millones de mujeres de una población de 46.5 millones de 15 años y más, padeció al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja en el 2016. La Ciudad de México, registró el primer lugar, Jalisco el tercero y Querétaro el quinto lugar en este problema, entidades con alto desarrollo económico y tecnológico.

La problemática se agudiza, ya que en el 2011, la Encuesta  Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI, reportó que 26 millones, 752 mil 513 mujeres, el 62.8 por ciento de este sector de la población, registraron algún tipo de violencia, cantidad superada en el  2016. La situación debe preocupar a los gobernadores de las entidades de la República Mexicana y la autoridad federal, a fin de motivar la implementación o corrección de acciones institucionales; se debe hacer hasta por conveniencia económica ya que de otra manera se desalentará la inversión extranjera en el país; además de convalidar la agresión como una forma de vida.

Es un fenómeno social complejo que rompe con paradigmas y mitos, como el que federaciones con alto desarrollo económico y modernidad legislativa progresista, como es el caso de la Ciudad de México -primer entidad en aprobar los matrimonios entre personas del mismo sexo, la legalidad de la interrupción del embarazo- o Querétaro, con su impresionante polo económico e industrial, están exentas de esta problemática, consideran especialistas como Verónica Terrazas, presidenta del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). El desarrollo económico y las legislaciones en equidad de género, son apenas una parte en la contribución a la solución.

El que no haya un avance en las estrategias y políticas públicas en esta materia se deben a dos factores: 1ro a la formación académica que todavía está muy basada en los roles de género,  ya que las carreras profesionales humanistas y de cuidado de la población como la psicología y el derecho, entre otras, son ocupadas por las mujeres; en tanto que currículas de la ingeniería y tecnología, son alentadas y ocupadas por los hombres. El segundo factor es la educación informal,  que se da en la familia, en el núcleo cultural o religioso, con respeto al dogma,  en donde se transmiten valores patriarcales, machistas e inequitativos basados en el sexo.

Esos factores generan posiciones de poder. Es por esta razón que en las entidades federativas mencionadas hay altos índices de violencia contra las mujeres, explica especialista en psicología que preside el Centro de Intervención en Crisis Alma Calma A.C., quien refiere que la desigualdad entre hombres y mujeres, empieza por desigualdad salarial y social.

Los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones  del 2016, lo evidencian al registrar que el 26.6 por ciento de las mujeres que trabajan o trabajaron alguna vez, experimentaron algún acto violento, principalmente de tipo sexual y de discriminación por razones de género o por embarazo. La discriminación, las agresiones sexuales y las de tipo emocional como las humillaciones, degradación e intimidación son los tipos de violencia más frecuentes en el trabajo.

En tanto en el ámbito académico, de las mujeres que han asistido a la escuela, 25.3 por cieno enfrentaron violencia por parte de compañeros, compañeras y maestros, entre otros, durante su vida de estudiantes. Las más frecuentes fueron las agresiones físicas (16.7 por ciento) y sexuales (10.9 por ciento). Entre las mujeres que asistieron a la escuela en los últimos 12 meses, 10.7 por  ciento fueron agredidas sexualmente.

Si bien el Estado de Chihuahua registró 68.8 por ciento de índice de violencia en contra de las mujeres, y en el año 2000 fue etiquetado por los feminicidios, hay un importante avance en los trabajos realizados principalmente por las organizaciones civiles para abatir este problema, enfocando las acciones en diversas vertientes. Una de ellas fue hacer que organismos internacionales “voltearan a ver lo que sucedía en Ciudad Juárez”, y emprender  trabajos conjuntos para sensibilizar a la población a no percibir el problema como “algo natural”; otra, motivar a los gobiernos a la implementar políticas públicas o acciones para incidir en el cambio, por lo que surgieron instituciones como la primer fiscalía de la mujer, externa la también promotora de los derechos humanos.

El problema de la violencia que ahora se vive en el país y su impacto en contra de las mujeres, deberá abordarse por la federación y los gobernadores con un enfoque diferente sin dogmatismos y tintes partidistas o propagandísticos; se deberán revisar aciertos y errores, lo que resultó y no resultó para que los golpes físicos, psicológicos o el asesinato no sea aprendido por los niños y niñas como algo natural. De este punto reflexionaremos en la próxima columna.

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**Consultora en comunicación y fans del desarrollo humano.