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CIUDAD DE MÉXICO, 9 de julio de 2016.- En materia de transparencia no puede haber excepciones y en el caso de la Ciudad de México el compromiso de los funcionarios públicos va más allá del legal, expuso el consejero jurídico del Gobierno de la capital, Manuel Granados.
De esa manera, expresó su posicionamiento al ser cuestionado por Quadratín México sobre el recurso que interpuesto por los magistrados presidentes de los tribunales Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), de lo Contencioso Administrativo (TCA) y el Electoral capitalinos, Edgar Elías Azar, Yasmín Esquivel Mossa y Armando Hernández, respectivamente, quienes presentaron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evadir la obligación de hacer públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, la famosa Ley 3de3.
“Debemos acostumbrarnos los servidores públicos a generar condiciones de transparencia y rendición de cuentas, no puede haber excepciones, debe quedar claro que es un compromiso más allá de lo legal, es un compromiso personal de generar condiciones en ese sentido. El único Gobierno en el país donde los funcionarios hemos entregado la Ley 3de3 en su totalidad es el Gobierno de la Ciudad de México.
“En ese sentido es un gran esfuerzo el que se ha hecho de ir contracorriente de lo que luego no se aprueba o se modifica, nosotros como servidores públicos debemos ser ejemplo del manejo del recurso público, del no conflicto de intereses y del generar condiciones claras del patrimonio que se adquirió”, indicó uno de los hombres más cercanos al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien tiene entre sus banderas políticas la transparencia y el impulso a la Ley 3de3.
– ¿Llamaría a magistrados a desistirse del litigio?
-Los llamaría a que hicieran un esfuerzo para hacer una revisión puntual en esta materia para que vayan en la ruta que hoy reclama la ciudadanía”, les pidió el consejero.
Constitución de la CDMX, proyecto plural
Granados se reúne cada martes con el grupo redactor de la Constitución, entre quienes se encuentran personajes de la talla de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD): Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, los escritores Juan Villoro y Guadalupe Loaeza, los veteranos expertos en derechos humanos Clara Jusidman y el padre Miguel Concha Malo, especialistas jurídicos como Pedro Salazar, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Ana Laura Magaloni del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) o el dirigente de Cauce Ciudadano, Carlos Cruz, quien se especializa en trabajar con comunidades de chavos marginales.
“El grupo redactor es plural, no es un club de amigos, no es para tomar el café, ha tenido debates prácticamente de tres horas cada martes donde se ponen en discusión las ideas de cada uno y se debaten las ideas de otros”, explicó.
También apoya el proyecto del borrador de Constitución un grupo asesor externo entre quienes se encuentra el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Ramón de la Fuente, el ex presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, y hasta el bloguero Francisco Alanís, Sopitas.
“Ellos han aportado ideas para la Constitución, por lo tanto, no es un proyecto de Miguel Mancera sino de todos y todas que participamos es proyecto amplio”, aclaró el ex presidente de la Comisión de gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
¿A Sopitas porque se le consideró?
-También en el tema de la comunicación están las herramientas tecnológicas, lo que tiene que ver con redes sociales deben estar expresados.
Otros temas que incluirá el borrador de la Constitución son transparencia, fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas, voto a partir de los 16 años de edad, la protección a pueblos originarios para que conserven usos y costumbres, también la defensa del medio ambiente, el derecho al agua y su no privatización, accesibilidad a herramientas tecnológicas, el derecho a la movilidad, entre otros.
Granados explicó la importancia de la Constitución, a la cual llama el “acta de nacimiento de la ciudad” y la declaratoria de la mayoría de edad de la capital.
“Nunca hemos tenido una Constitución, por lo tanto, es nuestra acta de nacimiento como Ciudad de México y adicionalmente se nos concede la mayoría de edad por la situación sui generis de la Ciudad de México, siempre había decidido o el Congreso federal o el Ejecutivo federal en decisiones locales.
“Incluso, hoy mientras no estén dadas las condiciones no tenemos facultades en la Asamblea Legislativa para legislar en materia de seguridad, justicia, combate a la corrupción que son tres áreas que solicitan siempre la sociedad y ahora con la nueva Constitución seguramente el Congreso local pasará a tener estas facultades demandantes, entonces evitas que personas o representantes populares de otras entidades decidan por lo que sucede en la ciudad”, señalo.
El borrador de la Constitución será enviado por el Jefe de Gobierno al Constituyente, que a partir de septiembre de 2016 deberá discutirlo y aprobarlo en enero del 2017. Entonces, a partir de ahí vendrá una adecuación de leyes secundaria, añadió Granados.
“Después seguirán lo que hemos denominado leyes constitucionales locales que será donde se deriven o se desglose el andamiaje jurídico y no confundir a la Constitución, ésta no puede ser reglamentaria, no puede tener políticas publicas inscritas ahí, es el marco general, el parteaguas del andamiaje jurídico local y a partir de ahí se derivarán todas las leyes secundarias locales que tendrán que versar sobre lo que disponga la Constitución”, concluyó.