Tras bambalinas/Jorge Octavio Ochoa

El caso Badiraguato ¿quién lanza la primera piedra?

“Hallan muertos a 3 de los 4 desaparecidos en Veracruz”; “Asesinan a tiros a tesorero municipal de Lázaro Cárdenas” “Ejército toma Badiraguato tras emboscada”. Ese es el México de nuestros días, impreso en los titulares de los diarios nacionales y locales, en las redes sociales y en las voces e imágenes de noticieros que tratan la nota como algo cotidiano.

Pedir la renuncia de un Presidente de la República puede ser también una reacción cotidiana… o un acto orquestado por aquellos que se benefician de la inestabilidad. En este país de cadáveres que flotan por ríos y aparecen en llanos, es fácil encontrar un culpable y gritar “¡Al ladrón!”, mientras los asesinos nos rodean y cenan en lujosas mesas, mirando desde el balcón.

De qué le han servido al país esos gobiernos de alianza cuando vemos que el ascenso del PAN, PRD y sus demás rémoras, juntos o separados, dan el mismo resultado que los gobiernos del PRI: corrupción, inseguridad, nula aplicación de la ley; pobreza, marginación, miedo. La evidencia está ahí: Guerrero y Sinaloa, las entidades más violentas, gobernadas por alianzas inútiles.

Todo el país, todo el territorio está contaminado. La propagación de las bandas criminales es una muestra de la demagogia que ha impregnado los discursos políticos, campaña tras campaña, prometiendo un México que nunca llega por un hecho simple y llano: en este país no se cumple la Constitución. Todos la violamos con actos menores o mayores esgrimiendo falsos derechos.

En el sexenio pasado Felipe Calderón inició la más torpe de las estrategias mediáticas y le puso nombre a lo que era y siempre ha sido una obligación Constitucional: salvaguardar la Seguridad del Estado. De esta forma, le llamó “GUERRA” a un mandato por el cual había jurado, luego de que el narcotráfico se ha cebado con la incapacidad gubernamental para combatirlo.

Así, el combate al crimen organizado se convirtió en un morboso conteo de muertos a través de los medios de comunicación. Los partidos políticos dijeron que el gobierno federal había sacado a las calles al Ejército para iniciar una guerra de exterminio contra presuntos luchadores y líderes sociales. En suma, la obligación Constitucional se volvió diatriba política.

La participación de las Fuerzas Armadas empezó a ser mal vista. El Ejército fue colocado también en la silla de los acusados por los excesos de esa “guerra”, que existe pero que ahora no se quiere ni nombrar, y que nos carcome día con día, entre secuestros, asesinatos y ajustes de cuentas que cada vez se acercan más a nuestro mundo real y cotidiano.

El despliegue de efectivos militares en Badiraguato era obligado e incluso debió estar acompañado por la suspensión de garantías en la zona. La emboscada del 30 de septiembre fue una literal declaración de guerra por parte de grupos fuertemente armados. Los Constitucionalistas tendrán que decirnos hasta dónde los alcances de los artículos 14 y 16.

Sea como sea, el Estado debe cumplir con esa obligación, nos guste o no. El destino de 600 familias en la zona hubiera ameritado la aplicación de dichos preceptos legales pero, por temor a la crítica política, ni el gobierno municipal, ni el estatal ni el Federal han actuado. El crimen organizado se apoderó del lugar, de la misma forma en que lo ha hecho en Guerrero y Michoacán.

En teoría, la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la protección de la persona, la familia y las propiedades. El espíritu de la Constitución es brindar a todos, sin distinción, el derecho a vivir bajo el amparo de las leyes y la protección legítima de las autoridades, esto deriva las llamadas Garantías de Seguridad. Los 3 niveles de gobierno violaron el precepto.

El caso Badiraguato coloca nuevamente al gobierno de la República ante uno de sus más temidos dilemas: cumplimos la ley o hacemos como que la cumplimos y nos restringimos a lo “políticamente correcto” para no dañar más la ya de por si destrozada imagen del Ejecutivo Federal, dinamitada día con día por los Partidos Políticos como si tuvieran autoridad moral.

El problema es que los ciudadanos, los mexicanos, no tendrían por qué sufrir este tipo de dilemas y de hecho, podríamos entablar una demanda colectiva de controversia constitucional pero ¿contra quién? ¿Contra el Congreso de la Unión? ¿Contra el Gobierno Federal? ¿Contra la Federación? ¿Contra los gobiernos estatales? ¿Contra los gobiernos municipales?

Es difícil dar un enfoque, pero el hecho es que desde hace décadas México vive bajo esta situación de ilegalidad, donde grupos armados bloquean carreteras y toman alcaldías. Cuauhtémoc Cárdenas podría hablar mucho de eso. Bajo su gobierno en Michoacán, esto ocurrió todo el tiempo y ni su gobierno ni la Federación actuaron contra esas bandas criminales.

Lo llamaron “protesta social”, cuando estaba documentada y con imágenes impresas en los diarios nacionales, la presencia de armas de alto poder, que ni el Ejército Mexicano tenía en aquel entonces, en las épocas del ínclito Cuauhtémoc, cuyo gobierno fue tan desastroso como los que él ahora critica.

Es un dilema grave para el país. La Constitución considera incluso la existencia de las Instituciones, como los entes encargados de cumplir y tutelar los derechos de los ciudadanos en las llamadas Garantías Individuales. El no haber aplicado la ley en Badiraguato y no haber intervenido con antelación, propició que 600 familias tuvieran que huir del lugar ante la falta de esas garantías.

Lo mismo ocurre en la Montaña de Guerrero, en muchos municipios de Michoacán, en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Estado de México. Las Fuerzas Armadas tienen que entrar y recuperar el restablecimiento de las garantías individuales ahí perdidas, nos guste o no. En todo caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe acompañar todos los operativos.

El no haber actuado durante todos estos años nos refleja no sólo el grado de incapacidad de nuestra clase política gobernante, sino también el grado de contubernio. Recuérdese Iguala.

Puestas así las cosas, el momento es crítico: o dejamos la demagogia y aplicamos la ley, o permitimos que el Crimen Organizado, cobijado en supuestas causas sociales, se siga apoderando de territorios. El Ejército tiene que intervenir, tomar posiciones y recuperar el Estado de Derecho y la paz social. Para eso se necesita autoridad moral, cosa que ninguno de los partidos ni actores sociales tienen actualmente. Pero si cumplimos la ley, podemos lograrlo.