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Teléfono rojo
Sistema Nacional Anticorrupción, nuevo engrane de un aparato fallido
Hace una semana, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), tuvo su primera votación trascendental, con la que rechazó (5 vs 1) la propuesta de exhortar al Ejecutivo federal para que informara sobre la presunta intervención telefónica a periodistas y activistas de derechos humanos.
Es el primer gran fracaso y el primer indicio de que el SNA ha nacido cojo y con un altísimo riesgo de perder pronto la credibilidad, por mucho que dentro del Comité exista gente intachable. La opinión de los enterados es que los órganos del gobierno “mayoritearon” en dicha votación e impidieron saber si hay periodistas y activistas bajo espionaje.
Fue apenas la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del SNA. La propuesta del “exhorto” al Ejecutivo fue presentada por la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Jacqueline Peschard Mariscal. No era ni siquiera una orden expresa, ni un mandato. Era una simple petición.
Los representantes y ex funcionarios de gobierno inclinaron la votación y la primera impresión que dieron es que “se protegen”, “hay trampas en el diseño del SNA”, “corremos el grave peligro de que el SNA acabe en una farsa y entonces sí vamos a ver el enojo social”, comentó el diputado federal Agustín Basave, considerado como uno de los “huérfanos de Colosio”.
El hecho es grave, aunque haya pasado inadvertido –por extrañas razones- entre los medios de comunicación. Lo cierto es que el gobierno está simulando, está jugando con fuego y ha pretendido dar caramelos a una sociedad verdaderamente harta de los abusos de poder de las autoridades.
Pero más grave aún es el hecho de que la sola creación del SNA pone de manifiesto la pésima arquitectura sobre la que está construido nuestro aparato judicial, donde una extensa burocracia es incapaz, ya no digamos de impartir justicia, sino de llevar a la cárcel a los delincuentes del crimen organizado y de “cuello blanco”.
El Estado ha sido incapaz de informar sobre un hecho evidente. Desde hace años vivimos en la sospecha y en la mentira, porque siempre hemos sabido que el Gobierno nos “monitorea” y todos los titulares de Gobernación –incluido el patético Barttlet- tienen un cuarto “de al lado” desde donde arman expedientes y carpetas políticas.
En la década de los 60, esa práctica dio como resultado la persecución de líderes magisteriales principalmente en la sierra de Guerrero, y después siguieron con el movimiento estudiantil. En los Estados democráticos esto no debería causarnos asombro. Son parte de las tareas para garantizar la seguridad exterior e interior del país, por feo que nos parezca.
En las grandes potencias como Estados Unidos, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, Israel, los aparatos de inteligencia son famosos y cobran sentido cuando se habla de la lucha contra el terrorismo. Todo esto va acompañado de un entramado legal que, en todos los casos, ataca la impunidad de las acciones de espionaje.
El problema en este caso es que esta primera resolución, deja abierto el boquete de la duda: el gobierno sí espía a periodistas y líderes sociales, pero lo hace sin una orden judicial. Ese es el espionaje político al que hemos estado sometidos desde hace más de 5 décadas, del que todos los que han sido Secretarios de Gobernación estuvieron enterados.
Lo peor del caso es que vivimos en una especie de Estado esquizofrénico, donde la “inteligencia” se usa para el ESPIONAJE POLÍTICO; la SEGURIDAD NACIONAL E INTERIOR se deja al arbitrio de la estupidez, donde ni en los penales se sabe quién manda. Los reos son los que gobiernan y las autoridades sólo dejan hacer y dejan pasar.
Todo este entramado, dibujado así, de manera simplista, pone en relieve el aparato de corrupción que priva en el país. Tal pareciera que el gobierno federal ha creado un engranaje más para complicar el aparato de impartición de justicia. Tratan de exorcizar al demonio creando más puertas falsas, cuando la única salida sería el cumplimiento de la ley.
Otra muestra más del inoperante aparato de “inteligencia” que nos rodea, es el florecimiento en plena capital de la República, del cártel de Tláhuac, que desmiente la versión oficial de Miguel Ángel Mancera, que habla de grupos aislados. En cualquier otro país, el delegado en dicha demarcación debería ser citado a declarar.
Un periodista fue amenazado ya por dicha revelación, cuando trascendió que ese cártel es el que negocia drogas dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y las distribuye por todo el sur de la ciudad, teniendo incluso un narco-laboratorio a unos pasos de la delegación Tláhuac.
Enfrentamientos armados en Tláhuac; cártel reta al gobierno de Mancera
¿Dónde está la inteligencia? ¿Hasta dónde el grado de estupidez?
Todo esto ha florecido en México debido al grado de colusión de las autoridades de todos los niveles, incluidos jueces, ministros y magistrados, que siguen asesorando por todo el país a los abogados de narcotraficantes, para que estos purguen condenas menores o derrumben los casos por falta de elementos.
Mal están las cosas en México, cuando la perspectiva inmediata del nombramiento de un Fiscal Anticorrupción es que éste surja de un “dedazo” del Ejecutivo Federal, en lo que llaman “el pase automático”. El gobierno federal se complica sólo las cosas y pareciera no darse cuenta que estamos al borde de un estallido social.
Comunidades enteras viven bajo el terror, ya no sólo en las zonas apartadas, sino en la misma capital del país: en Santa Catarina, Chalco y Tláhuac, así como en las delegaciones Milpa Alta y Xochimilco. ¿Cuál es el fin de ocultar los hechos? ¿Por qué no llamar a cuentas al o los delegados? ¿Por qué no se sabe cómo han infiltrado las estructuras de la UNAM o la UAM?
El Congreso sigue deshojando una margarita que se marchita, bajo el pretexto de una presunta militarización en todo el país. ¿Qué esperan los señores diputados y senadores? Quizá ellos mismos propician la intromisión del narco en las universidades, para permitir el florecimiento de grupos políticos apoyados con falanges del “porrismo” estudiantil.
Quizá algunos creen todavía en una revolución, con bases urbanas y campesinas, movidas por células que se mueven como guerrilla, para desatar la desestabilización total en el 2018. ¡Cuidado! ¡Mucho cuidado con lo que juegan! Esos grupos a los que alimentan ahora, serán los mismos que pongan sus cabezas en charola de plata.