CIUDAD DE MÉXICO, 4 de agosto de 2021.- Por unanimidad, cinco magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) votaron a favor de la destitución de quien fuera el presidente de ese órgano electoral, José Luis Vargas, al cuestionar su desempeño y señalarlo de poner en riesgo la imparcialidad y transparencia del trabajo que realiza esta autoridad electoral.

Tras argumentar, cada uno de ellos, las diversas faltas en las que incurrió el ahora ex presidente del TEPJF, eligieron a Reyes Rodríguez como el nuevo magistrado presidente, quien cumplirá con el cargo que concluye en cuatro años.

Con la presencia de cinco de los siete magistrados que integran la Sala Superior del TEPJF, Janine Otálora Malassis, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez, se reanudó la sesión pública que fue suspendida de forma unilateral por José Luis Vargas al negarse a incluir en el orden del día el análisis o evaluación de su desempeño, que había propuesto de la Mata Pizaña.

Tras la suspensión de la sesión, los cinco magistrados pidieron la reanudación de la misma, al no obtener respuesta y apegándose a la Constitución, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como al Reglamento Interno del Tribunal Electoral, Janine Otálora convocó a la reanudación de la sesión pública actuando como magistrada presidenta por ministerio de ley al ser la decana de la sala superior.

Como primer asunto abordaron el análisis de la administración de José Luis Rodríguez al frente del Tribunal; en este punto los cinco magistrados coincidieron en señalar la falta de ética de Vargas al tomar decisiones por cuenta propia que ponían en riesgo el desempeño del Tribunal Electoral, en ese sentido, refirieron que suspendía sesiones sin motivo alguno, cambiaba la fecha de discusión de ciertos temas de forma unilateral.

En este punto, el magistrado Felipe Fuente puso de ejemplo cuando José Luis Reyes difirió la sesión programada para el 22 de abril donde se abordarían los asuntos relacionados con las candidaturas de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, lo que sin duda, afirmaron, afecta a la imagen de transparencia en la impartición de justicia; también destacaron la falta de respeto que mostraba el magistrado presidente hacia sus propios compañeros.

“A este Tribunal no venimos a satisfacer los intereses de nadie, ni a hacernos populares, a este Tribunal llegamos para mejorar el sistema electoral mexicano y garantizar que se respeten las reglas y se califiquen de manera imparcial y objetiva las elecciones; no estamos aquí para prefiriese nuestros beneficios particulares o de grupo, mucho menos para beneficiar a grupos de poder o a gobernantes.

“(…) Porque quiero que este Tribunal sea creíble para los limes de mexicanos que año con año buscan la justicia llamando a nuestra puerta y sin duda alguna, con total respeto a la investidura que tiene el magistrado presidente es que, claramente me parece que su desempeño como presidente de este Tribunal, debe ser motivo de censura”, sostuvo el magistrado de la Mata Pizaña, quien señaló que no se trata de grilla ni política, “solo quiero el bien de la institución”.

Refirió que en numerosas ocasiones, a través de cartas y comunicados, le hicieron saber su inconformidad con acciones en su presidencia, sin embargo nunca contestó de forma directa, y por el contrario, dijo, giraba instrucciones a sus subalternos como en la ocasión que les giraron un oficio donde se les exigió que dijeran cuál sería el sentido de su voto de manera previa.

Por su parte, la magistrada Janine Otálora sostuvo que los jefes electorales tienen la obligación de dar certeza a las reglas con las que se desarrollan las competencias  electorales y vigilar que quien las incumpla no ponga en riesgo la renovación pacífica de los cargos.

“Cuando un juzgador actúa en contra de su obligación de dar certeza y sus actos ponen en riesgo el desarrollo de la contienda electoral y la seguridad de sus resultados, su pares tienen la responsabilidad de hacer que prevalezca la Constitución y la democracia”, aseveró.

Al final se propuso y eligió a Reyes Rodríguez como el presidente del Tribunal Electoral por un periodo de cuatro años y se continuó con la sesión pública, sin embargo, minutos después José Luis Vargas emitió un mensaje por la vía institucional, desconociendo la validez de su remoción, así como de la legalidad de la sesión que acababa de realizarse, incluso, sostuvo, que la magistrada Otálora, así como al secretario de acuerdos que nombraron, constituía el ejercicio ilícito de funciones.

Y es que, también fueron removidos el secretario y la subsecretaria General de Acuerdos del Tribunal por no acudir, de forma deliberada, a la reanudación de la sesión pública y en su lugar eligieron por unanimidad a Rodrigo Sánchez y María Cecilia López como los nuevos secretario y subsecretario, respectivamente.