Tras homicidio de juez, restituyen apoyo en Poder Judicial de Federación

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de junio de 2020.- Los recortes en el presupuesto y en los recursos destinados para el pago de gasolinas y viáticos en el Poder Judicial dejaron en estado vulnerable a varios jueces, quienes tuvieron que optar por carecer del servicio de escoltas o sufragarlo con sus propios medios debido a la política de austeridad que llevó a la cancelación de recursos para vales de gasolina y viáticos dirigidos al cuerpo de seguridad que tenían asignado.

En 2018 se eliminó la partida destinada al pago de viáticos y gasolina para escoltas, sin embargo tras el asesinato en Colima del juez federal Uriel Villegas y su esposa, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal reculó la disposición y autorizó apoyo de recursos adicionales para los casos en los cuales los jueces tengan asignado un equipo de seguridad, según consta en el OFICIO SEPLE./PLE./002/1942/2020 que fue aprobado por unanimidad de siete votos en el Pleno el pasado 22 de junio.

De tal manera que los jugadores que tenga a su disposición vehículos blindados como parte de su esquema de seguridad volverán a contar con vales de gasolina adicionales, que no serán descontados de sus respectivas dotaciones nominales, y que podrán aumentar hasta en 80 por ciento.

Los lineamientos para la comprobación, reembolso y pago de los apoyos económicos autorizados para Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito y Visitadores Judiciales A del Poder Judicial de la Federación fueron modificados por medio del acuerdo y quedan de la siguiente manera:

El apoyo consiste en la dotación mensual de vales de gasolina cuyos valores nominales sumen la cantidad de $5,600.00 (Cinco mil seiscientos pesos 00/100 m.n.), para Magistrados de Circuito, Visitadores Judiciales A y Secretarios facultados para ejercer funciones de Magistrado de Circuito, y $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 m.n.) para los Jueces de Distrito y Secretarios facultados para ejercer funciones de Juez de Distrito, en activo al primer día de cada mes.

Cuando al titular le haya sido asignado por el Consejo como medida de seguridad un vehículo blindado, las cantidades antes previstas aumentarán hasta en un 80 por ciento. Durante los primeros tres meses de uso del vehículo blindado, se reembolsarán los pagos realizados por encima de los montos asentados en el primer párrafo. Posteriormente, se promediarán los reembolsos para fijar la cantidad adicional que se otorgará mensualmente al titular por concepto de ayuda para gasolina durante el tiempo en que se mantenga vigente esa medida de seguridad. De estimarlo procedente y a petición de parte, la Comisión de Administración podrá autorizar la modificación del monto fijado conforme al mecanismo antes previsto.

El acuerdo también eliminó la posibilidad de que los juzgadores puedan solicitar la cancelación de la protección de escoltas, pues se derogó la fracción IV del Décimo de los ‘Lineamientos para el otorgamiento de la ayuda económica para protección y seguridad en el traslado de titulares de órganos jurisdiccionales.

Siendo Juez de Amparo en el Juzgado Penal de Puente Grande, en febrero de 2019, Uriel Villegas declinó a mantener el servicio de escoltas,  pues contar con dispositivo de protección implicaba que debía sufragar los gastos de gasolinas y viáticos de vehículos y escoltas, ya que el Poder Judicial solo otorgaba las unidades blindadas y el equipo táctico para su protección, pero su funcionamiento estaba sujeto a los recursos que erogará el juzgador para mantenerlo.

El asesinato del juzgador y su esposa, Verónica Barajas se registró el pasado 16 de junio en su domicilio en Colima, al momento del crimen se encontraban en el lugar sus hijas y una empleada domestica quienes resultaron ilesas en el ataque.

Uriel Villegas tenía bajo su cargo procedimientos relacionados con asuntos de delincuencia organizada, huachicol y lavado de dinero, por lo cual el doble homicidio estaría vinculado a una represalia de grupos criminales.

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