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CIUDAD DE MÉXICO, 4 de septiembre de 2019.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) propuso a las oficinas de ombudsperson nacionales y locales de Derechos Humanos mantener estrecha interrelación y diálogo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Lo que les permitirá formas de cooperación y análisis de cómo prevenir y erradicar la trata de personas, fenómeno que, como lo expuso el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, debe enfrentarse mediante un Plan de Acción en el marco del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.
Durante la Tercera Cumbre Iberoamericana Migración y Trata de Personas de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), el quinto visitador general, Édgar Corzo Sosa, señaló que CNDH mantiene comunicación y consultas constantes con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ello, porque complementan su derecho nacional y el estándar de derecho interamericano ayuda mucho a nuestras leyes, por ejemplo, en el tema de trata de personas y en casos de desaparición de personas, y más cuando las víctimas abandonan el país, y recordó lo dicho por González Pérez respecto de que las problemáticas de migración y trata de personas son de gran complejidad y requieren de soluciones duraderas, así como su preocupación por el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, en la frontera norte, y del gobierno mexicano en la frontera sur.
Al participar en la Mesa Instituciones de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, Corzo Sosa señaló que la Comisión Nacional empezó estos intercambios cuando se incrementó el número de casos de separación de familias migrantes, y solicitó medidas cautelares en favor de madres y padres originarios de Ecuador, Honduras, Guatemala y El Salvador, que eran apartados de sus niñas y niños, y apuntó que se ha recurrido a la amicus curiae con análisis y evaluaciones de riesgo que la Corte Interamericana ha pedido en algunos casos, ya que después de un tiempo de aplicar las medidas cautelares los países desean levantar esas precauciones provisionales y deben realizar una evaluación de riesgo.
La Defensora de los Habitantes de Costa Rica, Catalina Crespo Sancho, señaló problemas de migración que esa nación ha tenido con Nicaragua; refirió tres casos particulares respecto a fertilización in vitro, personas indígenas y personas LGBTI; asimismo, Agostina Cichero, Abogada del Grupo de Supervisión de la CrIDH, dio un panorama general del funcionamiento de esa institución, las acciones de lo contencioso e hizo un llamado las instituciones nacionales y locales a contribuir en esos trabajos.
Al participar en la Plenaria: Trata de Personas. Detención de Aerolíneas, Yuriria Álvarez Madrid, directora general del Programa contra la Trata de Personas de la CNDH, destacó que en colaboración con Aeroméxico se elaboró el Protocolo para la detección de posibles víctimas de trata de personas en la prestación en servicios aéreos, que puede ser retomado por los miembros de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO).
Y cuyo contenido puede ser aplicado a cualquier país y adaptado en situaciones particulares. Mencionó que, de acuerdo con la UNODC, el 57 por ciento de los casos de trata han implicado cruce de fronteras, por lo cual la participación de la aviación civil es fundamental para comunicar a los tratantes que este espacio no es accesible para sus fines, en tanto que las empresas deben respetar los derechos humanos y contar con personal consciente de las dimensiones y consecuencias humanitarias de la trata de personas y capacitado para detectar a posibles víctimas.
Elena Arce Jiménez, jefa de Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo de España, sostuvo que atender la trata de personas bajo el ámbito del derecho penal provoca que los resultados no sean los esperados, ya que la víctima no es puesta en el centro.
Por ello, se requieren protocolos activos de identificación que privilegien los derechos de las víctimas, y las defensorías deben capacitar a las autoridades en fronteras para la identificación rápida de víctimas y canalizarlas a otras autoridades no migratorias, para evitar su deportación y localización posterior.
El director ejecutivo de Relaciones Institucionales de Aeroméxico, Sergio Allard Barroso, señaló que esa compañía es pionera en visibilizar la trata de personas, por mandato de su Consejo de Administración; negó que sea una acción de mercadotecnia, sino un compromiso de 16 mil trabajadores para proteger a los más de 70 mil usuarios de 600 vuelos diarios.
Reveló que han tenido casos de éxito que no difunden sino se manejan internamente, y explicó que el sistema funciona desde que se reservan los boletos de los pasajeros, ya que a través de un big data se revisa la información para dar con tratantes de personas.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, Jorge Andrés López Espinosa, habló del proyecto piloto en dos empresas agroindustriales para prevenir la explotación laboral, Enderful Citrus y Green House, ubicadas en Ciudad Mante, y refirió que se les dio acompañamiento, y por medio de un manual de actividades y la ruta crítica, lograron obtener el distintivo de empresa libre de explotación laboral, que tiene vigencia de un año, cumplido el cual la Comisión Estatal verificará la situación que priva.
Y se presentaron 10 documentos que, en su conjunto, se configuran en un plan de acción en materia migratoria y trata de personas que habrá de implementar los miembros de la FIO, entre los que destacan: Pacto Global para una Migración, Segura, Ordenada y regular; Causas y Origen de la Migración; Declaración para Prevenir el Uso de la Detención Migratoria de la Red sobre Migrantes y Trata de Personas de la Federación Iberoamericana del Ombudsman y Pronunciamiento en relación con el Retorno de personas migrantes al país por el que cruzaron antes de pedir asilo en los Estados Unidos de América y con el Tercer País Seguro, de la Red sobre Migrantes y Trata de Personas de FIO.