Genio y figura
@guerrerochipres
Es imposible romper con la venta de niñas en matrimonio si no se le coloca en el centro de atención institucional y comunitaria.
Anacrónicas e ilegales reivindicaciones de los usos y costumbres, argumentados por comunidades indígenas principalmente, han permitido que por años se invisibilicen conductas propias de la Trata de Personas que obstaculizan la denuncia. Las mismas víctimas no se asumen como tales si sus propios familiares naturalizan el delito de su compra-venta.
Ese fue el caso de Angélica, un nombre ficticio para una niña real de 13 años de edad, y que fue revelada por una testigo ante el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.
El testimonio refiere que la menor es pareja sentimental de un hombre de 52 años, quien la llevó a vivir a su casa y también dio alojamiento a la madre de la víctima. De acuerdo con el relato, esa mujer encubre la situación y en presencia de otras personas finge ser ella la pareja.
En el reporte, presentado a través de la Línea y Chat Nacional contra la Trata de personas (LNCTP 800 5533 000, la testigo mencionó que la niña le confesó que anteriormente su madre la había obligado a otra relación igual, pero no quiere denunciar.
Identificar el matrimonio forzoso o servil como un delito es fundamental para la deconstrucción de las estructuras que lo solapan y normalizan, en las que regularmente participan familiares de las víctimas, integrantes de la comunidad e incluso autoridades comunitarias.
A finales del 2021 se viralizaron casos de adolescentes que en la zona de la Montaña de Guerrero habían sido vendidas en matrimonio, y quienes al escapar fueron detenidas por policías comunitarias para obligarlas a cumplir con el trato hecho por sus familiares.
Estas situaciones no son exclusivas de esa región; ocurren, mayoritariamente, en otras comunidades indígenas de estados como Hidalgo, Oaxaca o Chiapas.
Para atender esa problemática, hace unos días, en una mesa de trabajo organizada por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), organismos federales y estatales reconocieron la necesidad de erradicar los usos y costumbres que permiten la venta de niñas para matrimonios tempranos, además de impulsar el conocimiento de las víctimas de la situación delictiva que padecen.
El reto es vencer la normalización del abuso y eliminar la discriminación a que son sujetas las mujeres. Desde el Consejo Ciudadano ofrecemos asesoría jurídica y psicológica confidencial, gratuita, 24/7, a todo el país, incluso en lenguas náhuatl, chinanteca, mazateca y triqui.
Salvador Guerrero Chiprés es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México