Por trata, Segob reporta 127 sentencias, pero son 39: Comisión de Senado

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de junio de 2017.- Datos imprecisos proporcionados por la Secretaría de Gobernación (Segob) revelaron la nula atención a las víctimas de trata de personas, además de que en 2015 ninguna recibió la reparación integral del daño por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Un informe presentado por la presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas del Senado de la República, Adriana Dávila Fernández, y representante ante la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, exhibe graves inconsistencias en las cifras manejadas en las sentencias.

Mientras la Segob asegura que en las entidades federativas se dictaron 127 sentencias, la realidad es que sólo se lograron acreditar 39, pero además los tribunales estatales enviaron información sólo de 23.

Basados en diversos instrumentos internacionales y nacionales sobre las fallas en la coordinación de la política pública, el combate y sanción al delito, el informe expone principalmente la falta de atención a las víctimas.

Aunque el Informe 2015 de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas no especifica por año el número de sentencias que son condenatorias, ni el artículo de la ley por el que se ha sancionado el delito. No obstante, en la información solicitada vía transparencia a la Segob, la cual al principio fue negada y posteriormente el Comité de Transparencia ordenó su entrega, se puede comprobar que de las 39 sentencias acreditadas 22 son condenatorias y de esas sólo 15 son con la Ley General vigente.

El informe de la senadora del PAN lamenta que únicamente dos son dictadas por el artículo 10 que establece el tipo básico de trata de persona y el resto sólo castiga la explotación.

De hecho, señala que el tipo penal básico se encuentra en discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por dos tesis aisladas que han hecho interpretaciones contradictorias sobre el mismo.

Según las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la tipificación es arriesgada y puede traducirse en falta de certeza jurídica, que si bien la aplicación de la misma puede reflejar un aumento en las sentencias, sólo se estarán procesando a explotadores más no a tratantes.

El informe que se evalúa, reporta 618 sentencias en el país desde 2009 a la fecha, pero sólo 19 de ellas pertenecen al fuero federal. El resto corresponde a las entidades federativas, sin embargo, el 75 por ciento se concentra en tres entidades: Ciudad de México, Estado de México y Chiapas.

Debido a la metodología y falta de seguimiento de las autoridades a este delito, Dávila Fernández deduce que existen las mismas deficiencias en reportes, pues todo ello demuestra la simulación, desconocimiento, omisiones o incluso falsa información que emiten los responsables de combatir la trata de personas.

Edomex persigue trata con ley administrativa no penal

En el caso del Estado de México, la Secretaría de Salud estatal reportó que los operativos contra la trata se realizan con la Ley de Desarrollo Económico y Competitividad, la cual prohíbe el establecimiento de lugares donde aparezcan mujeres desnudas y semidesnudas, los llamados table dance. Es decir, la persecución se hace mediante una ley de carácter administrativo, no penal.

En Chiapas, destaca la huelga de hambre que iniciaron mujeres especialmente migrantes centroamericanas, para llamar la atención de organizaciones civiles y comprobar que estaban acusadas injustamente para aumentar las sentencias y reportarlas como estadísticas. Luego de más de cuatro años, algunas lograron su libertad pero no hubo reparación del daño.

La senadora Adriana Dávila reiteró que las víctimas merecen reintegrarse a la sociedad y el Estado mexicano está obligado a brindarles la máxima protección, así como darles acceso a la justicia, incluido que los verdaderos tratantes estén en prisión y evitar la impunidad.

Desde el año 2000, México firmó ante la ONU junto con 147 países más la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; en dicho tratado internacional se encuentran tres Protocolos complementarios, entre ellos para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, mejor conocido como Protocolo Palermo.