Un punto de vista penal

Ernestina, la CIA y su traición a la patria.

No existen razones objetivas para que Ernestina Godoy Ramos,
interprete el Código Penal Federal para hacerlo descender al plano de
servir a los intereses políticos del Movimiento de Regeneración Nacional,
expresamente, de forma deficiente para interpretar el delito de “Traición
a la Patria” que le imputa a Césár Jáuregui, exfiscal
del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. No lo había hecho ningún
otro “investigador” ni hay posibles referencias en el derecho penal de
ello.

Después de tantos años tan largos y densos que parecen muchos
más, la Fiscalía General de la República no ha terminado de entender
que la incorrecta interpretación de la ley tiende a exhibir un
desconocimiento de ella.

Porqué colabora dicha institución tan resueltamente y en las cercanías
de un año de elecciones con la cúpula de la Cuarta Transformación de
la Nación de Andrés Manuel López Obrador; por desgracia muchos
agentes del ministerio público han pervertido su misión constitucional y
se han convertido en entes proclives a interpretar de manera incorrecta
la ley, disquisiciones que resultan ser hostiles a nuestra Carta Magna.

Es de destacarse la circunstancia de que en horas recientes y con gran
bombo y platillo (como así lo acostumbra), tal fiscal ha dado a conocer
que al ex fiscal del Estado Libre y Soberano de Chihuahua “se le va a
inculpar de haber permitido que personas extranjeras intervinieran sin
autorización en territorio nacional y en acciones que solo corresponden
a las fuerzas federales” lo que “atenta contra la soberanía y la integridad
de la Nación”, ello según su rusticidad encuadra en el delito de “Traición
a la Patria”.

Hablemos de lo correcto; el delito específico de Traición a la Patria es
un ilícito que atenta en contra de la “Seguridad de la Nación”, se
encuentra tipificado en el arábigo 123 del Código Penal Federal, el cual
en lo aplicable, de manera textual reza:

Traición a la Patria

Artículo 123.- Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta
años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa
traición a la patria en alguna de las formas siguientes:

I.- Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de
la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o
gobierno extranjero;

III.- Forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por
extranjeros; organizados dentro o fuera del país, cuando tengan por
finalidad atentar contra la independencia de la República, su
soberanía, su libertad o su integridad territorial o invadir el territorio
nacional, aun cuando no exista declaración de guerra;

VI.- Tenga, en tiempos de paz o de guerra, relación o inteligencia
con persona, grupo o gobierno extranjeros o le dé instrucciones,
información o consejos, con objeto de guiar a una posible invasión
del territorio nacional o de alterar la paz interior;

VII.- Proporcione dolosamente y sin autorización, en tiempos de paz
o de guerra, a persona, grupo o gobierno extranjeros, documentos,
instrucciones o datos de establecimientos o de posibles actividades
militares;

IX.- Proporcione a un Estado extranjero o a grupos armados
dirigidos por extranjeros, los elementos humanos o materiales para
invadir el territorio nacional, o facilite su entrada a puestos militares
o le entregue o haga entregar unidades de combate o almacenes de
boca o guerra o impida que las tropas mexicanas reciban estos
auxilios;

X.- Solicite la intervención o el establecimiento de un protectorado
de un Estado extranjero o solicite que aquel haga la guerra a México;
si no se realiza lo solicitado, la prisión será de cuatro a ocho años y
multa hasta de diez mil pesos”;

Cualquier estudiante de leyes mínimamente ilustrado, detecta que
cuando la autoridad aplica adecuadamente dicho artículo, debe probar
que aquél traidor a la Patria, es el mexicano que favorece a potencias
extranjeras, en perjuicio o peligro de la integridad de la Nación, por
medio de las acciones a las que se refiere el arábigo transcrito.

Esa interpretación debe ser siempre tendiente a proteger el bien jurídico que
se tutela en dicha conducta criminal, bien jurídico que resulta ser la
“independencia de la Nación mexicana, así como su soberanía e
integridad”.

Los entendidos en derecho penal saben que el dolo típico en dicho ilícito
consiste en la finalidad de “someter a la Nación a grupo o gobierno
extranjero”. Esta es la circunstancia o “quid” que constituye el problema
del exfiscal, ya que ésta será la causa de la “Traición a la Patria”, según
queda referido en el código represivo.

Sin perder la ilación del tema, hay que decir que esta específica conducta
antisocial persigue lo que los juristas conocemos como el “telos” que es
el objeto jurídico del bien o interés lesionado o puesto en peligro.

Luego entonces si todo el actuar de ese exfiscal se deriva del
fallecimiento de dos elementos de la Agencia Central de Inteligencia
(C.I.A.), acontecido el diecinueve de abril pasado, en un accidente de
tránsito, tras haber participado en el desmantelamiento de un
laboratorio de drogas en el Estado de Chihuahua, Ernestina Godoy
Ramos, actúa de manera incorrecta por la siguiente razón; por principio
de cuentas, la fiscalía califica esa participación de elementos extranjeros
como injerencia.

Criterio jurídico que resulta ser totalmente erróneo y arbitrario, ya que
la ley mexicana cierto es que prohíbe a gobiernos estatales autorizar el
ingreso al País de agentes extranjeros.

Más, sin embargo, de toda la verborrea jurídica empleada por la Fiscal General de la República, para justificar su arbitrariedad, ninguna de ellas lleva a concluir que César Jáuregui haya autorizado el ingreso al País de esos
agentes, luego entonces, si participaron o no en los hechos que la Cuarta
Transformación de la República critica, esa participación deriva de
combatir al narcotráfico, situación que la ley autoriza por misión
constitucional al ex fiscal de realizar.

Solo basta puntualizar que para aplicar “exactamente la ley” se
requieren conocimientos.

Es cuánto.